V alorar la última legislatura del tripartito (PNV-EA-IU) en el Parlamento y el Gobierno de Gasteiz supone hablar de recorte de derechos sociales y laborales: inaccesibilidad a una vivienda; pérdida de poder adquisitivo de los salarios, las pensiones y las prestaciones; más de 400 personas muertas en accidente laboral; servicios sociales privatizados; recortes en sanidad y educación... E implica también hablar de dualización social, de precariedad, exclusión y pobreza. Y eso que en este periodo se ha creado una cantidad de riqueza suficiente como para haber garantizado todos los derechos sociales y laborales al conjunto de la población.

El lehendakari Juan José Ibarretxe una y otra vez ha presumido de la riqueza generada en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa -muchas veces con cifras superiores al 25% de la media del PIB de la UE-, pero no ha reconocido que esa riqueza no se ha repartido con criterios de justicia social, de manera que las grandes fortunas de unos pocos han convivido con sectores cada vez más amplios de población precarizada. Y todo esto se ha hecho a golpe de ley: durante estos cuatro años se ha producido un pacto entre las elites políticas y económicas para legislar en beneficio de los de arriba -empresarios, clases altas, casta política- y en detrimento de los de abajo -mujeres, jóvenes, personas migrantes, tercera edad... en definitiva contra el conjunto de la población trabajadora-. Y esto se ha hecho sin contar para nada con los agentes sociales y sindicales, dando una muestra del label democrático de estos políticos y estas instituciones.

Todo este proceso de precarización se ha agudizado en los últimos meses, ya que el pacto entre patronal y administración ha provocado un fuerte trasvase de dinero público -bajada de Impuesto de Sociedades, reformas del IRPF, eliminación del Impuesto de Patrimonio, permisividad ante el fraude fiscal, ayudas al lobby de la construcción a través de los presupuestos, aprobación de EREs...- a manos privadas para recuperar la tasa de beneficio afectada por el periodo de crisis. Eso sí, ahora nos vienen diciendo que van a romper la hucha para hacer frente a la crisis, pero mucho nos tememos que una vez más el dinero de todos y todas no lo van a destinar a las necesidades de la población sino a mantener los beneficios de la elite económica. Desde Elkartzen nos queda preguntar ¿por qué han guardado ese dinero en la hucha durante todos estos años cuando existía una necesidad imperiosa de financiación para garantizar derechos sociales y laborales? ¿Acaso ese dinero se ha invertido en operaciones especulativas? ¿Qué tiene que decir el Gobierno Vasco del tema de Lehman Brothers?

Cinco son para Elkartzen los derechos sociales mínimos para desarrollar una vida digna:

Derecho a Vivienda. Un derecho sin garantizar. La aplicación de la Ley del Suelo, el plan director de vivienda 2006-2009 o el Proyecto de Ley de Vivienda, son instrumentos que no han solucionado el grave problema de acceso a primera vivienda que tiene una parte importante de la población.

En esta legislatura se ha seguido apostando decididamente por la construcción frente a la utilización de la vivienda vacía, dejando vía libre a la especulación y al urbanismo salvaje (miles de hectáreas siguen siendo artificializadas mientras existen 150.000 viviendas infrautilizadas en Araba, Bizkia y Guipúzcoa). Asimismo, la tónica dominante sigue siendo la compra- venta frente al alquiler, favoreciendo los abusos hipotecarios de entidades financieras y dejando pasar la oportunidad de ir creando parques públicos de vivienda en alquiler. De la misma manera, se ha seguido apostando por el sistema de sorteo a la hora de adjudicar una vivienda.

Derecho a tener unos ingresos dignos, un derecho negado.

Con respecto a los ingresos mínimos no podemos ser más negativos respecto a la evolución en estos cuatro años. Elkartzen recientemente ha situado el umbral de la pobreza en 1.080 euros mensuales en 12 pagas (37,5% del PIB per capita). La mayoría de prestaciones y pensiones están por debajo del umbral de la pobreza: las pensiones medias de todos los sistemas, tanto jubilación como viudedad, del régimen general y regímenes especiales y SOVI quedan por debajo de este indicador año tras año. Asimismo, continuamente se vienen estableciendo recortes de las diferentes prestaciones como Renta Básica y Ayudas de Emergencia Social. Para el ejercicio 2009 se contempla también una modificación de la Ley contra la Exclusión Social que nos tememos que vaya en la misma dirección: restricción de derechos respecto a la normativa que va a sustituir. Choca tanta austeridad en atender a los mas desfavorecidos económicamente, cuando los altos cargos del Gobierno y su elite asesora, en total 300 personas, para 2009 se ha subido el sueldo el 6,5% en año de crisis, cuando reciben de media más de un millón de las antiguas pesetas mensualmente. Durante la última legislatura los salarios han perdido poder adquisitivo y cada vez son más las personas con salarios inferiores al umbral de la pobreza. Así las cosas, el derecho a recibir unos ingresos dignos también ha sido un derecho negado en la última legislatura del tripartito.

Derecho a la Participación Social Activa (reparto del trabajo), un derecho negado.

La reforma de la Ley de Seguridad de Servicios Sociales mantiene la filosofía benefactora y paternalista, pretendiendo la contención del gasto social, impulsando el trasvase de dinero público a la iniciativa privada, y adjudicando la responsabilidad del cuidado, educación, higiene... de las personas dependientes hacia la mujer. Se apuesta por la concertación privada, abriendo a golpe de ley este nuevo «nicho de negocio» a la especulación y a la precarización laboral que se da en este sector. Junto a este límite tenemos que añadir que el acceso a las prestaciones previstas estará condicionado al cumplimiento de requisitos específicos para cada prestación o servicio. Con respecto a la financiación, la Ley citada dispone que el Sistema Vasco de Servicios Sociales se financiará, vía presupuestos y de las aportaciones económicas de las personas usuarias lo que consideramos injusto ya tendrán que contribuir doblemente. Así las cosas, la reforma planteada es insuficiente, asistencialista y no garantiza la atención a las necesidades básicas, no promueve la autonomía personal y colectiva, no defiende la igualdad de oportunidades en el acceso a los recursos públicos, no desarrolla la solidaridad ni prioriza el trabajo preventivo y comunitario para superar los riesgos de vulnerabilidad y exclusión social. En definitiva, la Participación Social Activa va a seguir siendo un derecho vulnerado.

Educación y sanidad dignas, derechos recortados.

Durante esta legislatura, el aumento del gasto en sanidad, mas que a una mejora real en la asistencia, con aumento de camas, equipos o infraestructuras se debe casi en su totalidad al aumento del gasto en personal con fuertes subidas a los médicos y en menor medida y, como consecuencia de la huelga del sector, al resto de la plantilla. Para este año, el gasto en personal asciende a 1.678,2 millones de euros, que significa el 77,3 % del gasto total de Osakidetza. Todo ello queda reflejado en los diversos indicadores sanitarios como el número de camas por cada 1000 habitantes (EU-15 posee 6,1, la CAPV 3.9) o equipos de alta tecnología por cada millón de habitantes. Este menor esfuerzo de gasto respecto al PIB, que se deteriora año tras año se refleja en el crecimiento del sector privado. En Araba, Bizkaia y Gipuzkoa la población que tiene contratado un seguro privado de asistencia sanitaria alcanzó en 2005 las 319.788 personas, la cifra mas alta de los siete años anteriores. La recaudación por las primas de estos seguros ascendió a 169,7 millones de euros, un 7,1% más que el año anterior (2004). La potenciación del sector privado se realiza también por derivación directa de los pacientes, aduciendo que es para reducir listas de espera. En 2009 se han presupuestado al pago de estos servicios exteriores 267,5 millones de euros. Mientras que todo el capítulo de inversiones de Osakidetza asciende a 109,72 millones.

Las mismas diferencias encontramos en el esfuerzo que se realiza en educación. En 2006, el del gasto total liquidado en educación por el Gobierno Vasco era de 3,5% del PIB, frente al 4,5% de España, el 6% de Francia o el 8,4% de Dinamarca. Llama la atención el gran esfuerzo que en los últimos años está haciendo la Administración pública para consolidar el proyecto educativo privado de Mondragón Corporación Corporativa, a la vez que se cofinancia la universidad de Deusto. En los presupuestos de 2009, se les transfiere 3,13 y 3,58 millones de euros respectivamente; todo en detrimento de la UPV, que necesita urgentemente un Plan de Inversión que no acaba de materializarse. Se está apostando por la privatización progresiva de las enseñanzas medias y superiores, a través de las asignaciones presupuestarias.

El gasto social se reduce año tras año.

Durante esta legislatura el esfuerzo en gasto social ha sido mucho menor que el aumento del PIB (18% del PIB), mientras que Europa ha mantenido, con ligera variación a la baja, su nivel de esfuerzo (27% del PIB). El mejor comportamiento del crecimiento del PIB de Araba, Bizkia y Gipuzkoa del que presume Ibarretxe debería haberse utilizado para un acerca miento mayor a la media de gasto social europeo, pero se ha aprovechado para aumentar las rentas del capital, continuando con unos presupuestos restrictivos en el verdadero gasto social (vivienda, ingresos dignos, servicios sociales, educación, sanidad...) y expansivos en lo que demanda el capital para mantener sus niveles de beneficios (TAV, Policía Autonómica...), en un momento en que la economía real se va a enfrentar a una grave crisis.

Muro para democratizar la economía.

Contemplando la evolución durante estos últimos años podemos afirmar que el objetivo que tienen el Parlamento y el Gobierno de Gasteiz y sus gestores es claro: alimentar un sistema y un entramado institucional que por un lado concentra riqueza en muy pocas manos, y por otro lado traslada todos los recursos públicos posibles a la iniciativa privada, produciéndose un recorte de los derechos sociales.

En este sentido, nos preocupa que la opción política que ha sido de las más comprometidas con los derechos sociales y laborales y el reparto de la riqueza en el Parlamento de Gasteiz haya sido ilegalizada. Este hecho pone en evidencia la ausencia de democracia y nos hace ser muy recelosos con las políticas que se hagan en esa institución, ya que no va a ser un fiel reflejo de la voluntad popular y ya que sabemos que las elites económicas que van a dirigir esa institución han hecho un pacto con la patronal. La sensación es que la expulsión de esa fuerza política tiene el objetivo de marginar cualquier oposición a sus políticas. Así las cosas, nos podemos esperar más escándalos Guggenheim, y Balenciaga, más fraude de Irun, más infraestructuras al servicio de las elites económicas y contrarias a la voluntad popular -TAV, Puerto de Pasaia...-, más EREs, más accidentes laborales, más privatizaciones, menos derecho a techo, menos sanidad, menos educación... En definitiva, menos reparto de la riqueza. Es por esto que creemos que más que nunca los sectores populares debemos organizarnos para impulsar la transformación social, que no nos va a venir desde unas instituciones antidemocráticas y que marginan a expresiones políticas de izquierdas. Urge democratizar la economía y ponerla al servicio de los intereses de la mayoría social mediante un muro de contención a todas estas medidas restrictivas. Hoy es más necesario que nunca que nos pongamos de acuerdo en un mínimo: este modelo no beneficia a la mayoría y sólo la mayoría puede cambiarlo. En este sentido, saludamos el nacimiento de Herria abian!, una plataforma que reúne a diferentes sectores afectados por la crisis y que reivindica un cambio del actual modelo socioeconómico y los instrumentos necesarios para que este país pueda decidir ese modelo.