Adriana Calvo integra la Asociaci�n Ex Detenidos Desaparecidos, que agrupa a supervivientes de los centros clandestinos de detenci�n que operaron durante la dictadura. El 4 de febrero de 1976, embarazada de siete meses, fue secuestrada en su domicilio en Ciudad de La Plata. Ese d�a tambi�n arrestaron al que entonces era su marido Oscar Laborde y a un compa�ero de la facultad. En los casi tres meses que dur� su cautiverio conoci� de primera mano �el nivel de aberraci�n� al que puede llegar el ser humano y comparti� espacio con otras mujeres embarazadas y desaparecidas. Pas� por la brigada de investigaciones de La Plata, por el centro de Arana, por la comisar�a quinta y el pozo de Banfield. El 15 de abril, sinti� los primeros dolores de parto. Su hija, a la que llam� Teresa, naci� en el coche que la trasladaba de la comisar�a quinta al pozo de Banfield. Adriana estuvo vendada y con las manos atadas. A su llegada a Banfield, un m�dico le sac� la placenta ante la mirada de los guardias, que le obligaron a limpiar el suelo. S�lo despu�s pudo abrazar a su hija. Ambas quedaron libres el 28 de abril.

La primera dificultad fue �encontrar un o�do que quisiera escucharte de verdad, no superficialmente. Una de las reglas del genocidio es que haya sobrevivientes mientras se desarrolla la etapa de aniquilamiento para diseminar el terror en la sociedad. Una de las maneras de sobrevivir a ese terror es negar y no querer saber pese a que no ten�an m�s remedio que hacerlo porque, quien m�s o quien menos, ten�a al lado a alguien que hab�a atravesado la muerte y estaba de nuevo en la superficie de la vida. La frase que repetidas veces escuchamos fue la de `no me cuentes porque te hace mal'. Pasaron a�os antes de encontrar ese o�do�.

El juicio contra el general retirado Jorge Carlos Olivera, que desde el 10 de febrero se celebra en Buenos Aires, ha vuelto a poner sobre la mesa todo aquello. En 1976, era segundo comandante del Primer Cuerpo del Ej�rcito. Bajo su mando estuvieron todos los centro clandestinos de detenci�n de la zona de Capital Federal, �donde ocurrieron una enorme cantidad de delitos y secuestros. A�n as�, los cargos se limitan a 120 privaciones ileg�timas de la libertad y cuatro homicidios�, destaca Calvo. La asociaci�n que representa forma, junto a otros organismos, el colectivo Justicia ya!, principal querellante.

El inicio del juicio no estuvo exento de pol�mica. El Tribunal Oral Federal 5 prohibi� el acceso de los fot�grafos para evitar la difusi�n del mismo y de la imagen de Olivera, en libertad. Ante el aluvi�n de cr�ticas, autoriz� a trabajar a un reportero de la agencia T�lam pero con restricciones. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, record� a los jueces �la importancia de que la gente conozca lo que pasa�. Dicho esto, otorg� al Tribunal plena libertad. �El rostro del imputado no es un problema, pero no se debe estigmatizar a una persona, porque toda persona es inocente hasta que se la declare culpable�, argument�.

Calvo, con amplia experiencia en juicios como �ste -en el que declarar� como testigo-, resalta �lo ca�tico� de estos procesos, prolongados en el tiempo a prop�sito. �Es muy probable que se mueran todos los acusados y testigos mucho antes de terminar los juicios. El de Olivera viene desde 1987. Con las leyes de impunidad, el proceso qued� suspendido. Cuando fueron anuladas casi dos d�cadas despu�s, los jueces continuaron con los sumarios tal y como estaban, es decir, mantuvieron las mismas acusaciones, que eran m�nimas. Olivera est� acusado por muy pocas v�ctimas cuando son miles. Uno podr�a alegar que hubiera llevado mucho tiempo recabar las pruebas de esas miles de personas. �Pero, no, porque ya est�n! Desde que se dictaron las leyes de punto final hasta 2003, cuando se derogaron, muchas organizaciones e, incluso, el Estado fueron recopilando pruebas. �No nos quedamos de brazos cruzados! Era, por tanto, muy f�cil completar el procesamiento. Con pedir a la Secretar�a de Derechos Humanos el nombre y apellido de todos los secuestrados en Capital Federal, el n�mero de v�ctimas hubiera ascendido por lo menos a entre 800 y 1.000. De haberlo hecho, estar�amos ante un juicio realmente representativo�, remarca a GARA.

�El de Olivera es un ejemplo muy claro de lo que ocurre en las dem�s causas. No se est� haciendo justicia, sino que est�n tomando muestras de forma aleatoria y arbitraria. Despu�s de cinco a�os y medio, apenas hay unos pocos condenados�, lamenta.

La cuesti�n de fondo es que �la gran mayor�a de jueces y fiscales provienen de la dictadura o son c�mplices de los genocidas; bien ideol�gicamente, o porque son amigos, socios o familiares. Con el juicio a los comandantes de 1985 y 1986, Ra�l Alfons�n hizo creer que se estaba juzgando, pero en realidad, el pa�s caminaba lenta pero de forma inexorable hacia la impunidad, como sucedi� pocos a�os despu�s�, remarca.

�La forma de negar el genocidio -contin�a- es no juzgarlo y, para ello, han mantenido a los jueces y fiscales que participaron en las torturas e interrogatorios en los campos de concentraci�n e hicieron caso omiso de las denuncias de los familiares�.

Uno de los jueces en la dictadura, Norberto Giletta es, desde hace veinte a�os, el abogado de Olivera. Se da la circunstancia de que, en una de las vistas, le toc� declarar a Luisa Exaltaci�n Cordero de Gerzel, cuyo esposo desapareci� en 1976. Ante la pregunta de la defensa de qu� hab�a pasado con el habeas corpus que present� por su marido, la Fiscal�a le tuvo que refrescar la memoria. Cosas de la vida, fue el propio Giletta quien lo rechaz�. Su juzgado era conocido por ser el que m�s recursos deneg� a los familiares de detenidos-desaparecidos.

�Desarmar toda esa impunidad, construida con tanta prolijidad, requer�a de una decisi�n pol�tica verdadera�, insiste. Reconoce que si bien se han dado �algunos pasos muy impactantes y �tiles, por s� solos no sirven para desarmar esta construcci�n, a la que le sacaron una de sus piedras fundamentales -las leyes de impunidad- pero nada m�s�.

En este contexto, �el peque�o pu�ado de jueces que s� quiere investigar tiene la cabeza tan acotada que s�lo procesa e impulsa la condena para aquellos que formaban la cadena de mando y para los poqu�simos que fueron reconocidos por los sobrevivientes�.

Con los ojos vendados, muy pocos pudieron reconocer a sus captores. �Uno se puede preguntar entonces c�mo se les puede juzgar. La respuesta es muy sencilla: la mayor�a de los campos de concentraci�n funcionaron en dependencias oficiales -comisar�as y cuarteles- que ten�an un listado del personal que estaba a cargo de los prisioneros. Era el que torturaba, golpeaba, vejaba. All� no hab�a observadores neutrales, s�lo victimarios y v�ctimas; ellos y nosotros. En Argentina, no hay ni un juez que aplique esto, que es tan claro como el agua. Por eso, digo que el edificio de la impunidad sigue en pie�.