La izquierda abertzale presentará una querella dentro de las diligencias judiciales que puedan abrirse en relación con las cuentas ocultas del Ayuntamiento de Cintruénigo, controladas por cargos municipales tanto del PSN como de UPN.

Mediante esta querella, la izquierda abertzale intentará ejercitar la acción popular en este caso, si bien será el juez quien tendrá la última palabra a la hora de admitirla o no.

Los motivos por los que la izquierda abertzale de Nafarroa ha tomado esta iniciativa fueron explicados ayer en rueda de prensa por Txelui Moreno y Mariné Pueyo. «Somos conscientes -dijeron- de que la investigación sobre lo acontecido no llegará desde unas instituciones interesadas en ocultarlo».

A su juicio, la personación como acción popular permitirá «mostrar el alcance real de la ligazón entre la corrupción y el régimen político de Nafarroa con los nombres y apellidos correspondientes».

«Teniendo en cuenta el papel que han jugado en la formación del entramado institucional, es previsible -advirtieron en nombre de la izquierda abertzale- que en este proceso comparezcan personas que expliquen esta mezcla de lo público con el enriquecimiento personal, como Urralburu, Del Burgo, Otano, etcétera».

Similitud con casos conocidos

Mariné Pueyo y Txelui Moreno constataron que Nafarroa «se encuentra de nuevo inmersa en un remolino de datos en torno a la corrupción», después de que haya aflorado el caso de las cuentas ocultadas durante años en el Ayuntamiento de Cintruénigo y el Parlamento navarro se haya negado a investigarlo.

«Ambos hechos son de indudable gravedad, pero su trascendencia aumenta -precisaron- al observar que existe una característica común tanto a casos previos similares como a la política general en Nafarroa: la constante utilización de lo público para el enriquecimiento de determinados grupos y personas».

En esta línea, constataron que, tras el entramado político-institucional derivado del Amejoramiento del Fuero, «y el reparto de poder ligado a éste», en Nafarroa «se ha impuesto un modelo de gestión tendente a dirigir la riqueza desde lo público hacia bolsillos concretos».

«Estos bolsillos -añadieron- pertenecen siempre a quienes se encuentran comprometidos con este régimen: empresarios que se benefician de contratos y de la privatización ligada al desmantelamiento de los servicios públicos, amigos del poder que encuentran su acomodo en cargos de libre designación dentro de la Administración, o las denominadas empresas públicas, utilizadas para encubrir adjudicaciones directas a contratistas siempre amigos». Junto a ello, señalaron la «colocación» de políticos en consejos de administración, los pagos por cesantías o las «subvenciones y prebendas» a sindicatos «colaboracionistas» como CCOO y UGT.

Pueyo y Moreno enmarcaron el caso de Cintruénigo en este contexto, donde «se considera lo público como una fuente de enriquecimiento privado», y recordaron otros casos en los que han estado implicados políticos profesionales, vinculados sobre todo al PSOE.