El Tribunal Penal Internacional (TPI) con sede en La Haya ordenó ayer el arresto del presidente de Sudán, Omar al-Bashir, por crímenes de guerra y de lesa humanidad en Darfur (al oeste), pero desestimó el cargo de genocidio, tal y como pedía el fiscal jefe, Luis Moreno Ocampo.

Según explicó la portavoz del TPI, Laurence Blairon, los jueces consideraron «por mayoría» que los documentos presentados por la Fiscalía no tienen suficiente base para probar «la intención específica» de Al-Bashir de destruir una parte de la población, en concreto, las etnias fur, masalit y zaghawa.

No obstante, precisó que Moreno podrá presentar «materiales adicionales» para que puedan modificarse los cargos aceptados y poder incluir la acusación de genocidio en una fase posterior. La orden de detención, vigente desde ayer, incluye siete cargos: cinco por crímenes de guerra -entre ellos exterminio, tortura y violación- y dos de lesa humanidad -pillaje y ataques directos o intencionados contra etnias no árabes-.

El Tribunal, establecido en 1998 tras la firma del Estatuto de Roma, pidió «la colaboración de todos los estados miembros del Estatuto de Roma, del Consejo de Seguridad de la ONU y, si fuera necesario, de otro estado». La jefa del registro del TPI, Silvana Arbia, remarcó que la ejecución de la detención «depende de la voluntad efectiva de los estados a colaborar».

Al-Bashir ha dirigido Sudán en las dos últimas décadas. Nació en 1944 en el norte del país, que en 1955 logró la independencia de Egipto y Gran Bretaña. En 1960, se enroló en una academia militar egipcia pero se graduó en otra en Jartum seis años más tarde. En 1973, luchó junto al Ejército egipcio contra Israel en la guerra del Yom Kippur. En 1975, fue nombrado agregado militar en la Unión de Emiratos Árabes. De regreso a Sudán, fue nombrado comandante de una guarnición y en 1981, tomó el mando de una brigada de paracaidistas. El 30 de junio de 1989, encabezó un golpe de estado no sangriento contra el primer ministro, Sadiq al-Mahdi.

Sudán, rico en petróleo, uranio y cobre, estaba inmerso en una guerra entre el norte y sur, que reclama su independencia. Tras 21 años de conflicto, llegó a un acuerdo con líder rebelde John Garang y el Movimiento de Liberación del Pueblo Sudanés.

En 2003, estalló la guerra en Darfur. El Ejército de Liberación de Sudán (SLA) y el Movimiento de Justicia e Igualdad (JEM) se alzaron en armas contra las milicias árabes Janjawid y el Gobierno, al que acusan de favorecer a la minoría árabe y de armar a los Janjawid en su contra.

Las tensiones por el control del agua y los derechos de pastoreo han marcado la historia reciente de esta empobrecida región, donde, según sostiene Moreno, al menos 35.000 personas han muerto por efecto directo de la violencia y más de 100.000 a causa del hambre y las enfermedades.

Analistas políticos coincidieron en que la decisión de La Haya viene a complicar aún más los conflictos internos en el país y pone en riesgo su estabilidad.

El asesor de la Presidencia sudanesa, Mustafá Osman Ismail, afirmó que se trata de un plan «neocolonialista» para evitar que «Sudán se convierta en un país estable».

El ministro de Justicia, Abdel Baset Sedrat, dejó claro que no entregarán a su presidente, que «seguirá con sus labores de forma habitual». De hecho, ayer mismo acudió en la región de Karrai para a la graduación de nuevos pilotos militares.

El titular de Exteriores, Ali Karti, también cerró filas en torno al presidente. Incidió en que «cualquier intento de intervenir en los asuntos de Sudán tiene el objetivo de detener nuestro desarrollo político y económico».

En la calle, miles de personas enfurecidas se concentraron frente a la sede del Consejo de Ministros al grito de «estamos contigo, Al-Bashir». «Ocampo está loco si piensa que nos va a quitar a nuestro presidente. No es más que un instrumento de Occidente para atacarnos», dijo uno de los manifestantes a BBC

En el plano internacional, las reacciones fueron totalmente contrapuestas en los países aliados de Sudán, la mayoría árabes y africanos, y entre los que se oponen a Al-Bashir.

La Liga Árabe manifestó su «fuerte descontento» con el TPI. En un comunicado emitido al término de una reunión extraordinaria en El Cairo, los ministros de Asuntos Exteriores árabes expresaron su apoyo a Sudán para afrontar «cualquier plan que tenga como objetivo dañar la unidad y estabilidad» del país. También mostró su respaldo al poder judicial sudanés, al que consideró «capacitado y dotado de independencia».

En ese sentido, rechazaron «cualquier intento de politización de los principios de justicia internacional y su empleo para perjudicar la soberanía y estabilidad de los estados». Por ello, anunciaron el envío de una delegación mixta de alto nivel al Consejo de Seguridad para retrasar la aplicación de la resolución. El artículo 16 del Estatuto de Roma le otorga potestad para suspender la emisión de cualquier orden de arresto o cancelarla en caso de que se dicte.

El presidente del Consejo de la Unión Africana, Jean Ping, se mostró «preocupado por las consecuencias de largo alcance de esta decisión, que se produce en un momento crítico en el proceso de promover una paz definitiva, la reconciliación y un gobierno democrático».

«La búsqueda de la justicia se debe hacer de modo que no impida o amenace la promoción de la paz», declaró.

Por contra, La Unión Europea reiteró su «apoyo total» al TPI y a «su papel clave en la promoción de la justicia internacional». La presidencia checa recordó que el Consejo de Seguridad estableció, en una resolución de 2005, que el Gobierno sudanés y las demás partes debían «cooperar plenamente y dar cualquier asistencia necesaria al Tribunal y al fiscal».

Aparte de la escalada de reacciones a favor y en contra, una de las consecuencias directas de la decisión del TPI fue la expulsión de una docena de organizaciones no gubernamentales, entre ellas, Médicos Sin Fronteras, Oxfam, el Consejo Noruego para los Refugiados, Care International, Acción contra el Hambre y Asistencia Internacional.

El Ministerio de Asuntos Humanitarios argumentó que «esas organizaciones han colaborado con el TPI mediante acuerdos de cooperación».

«Nos han ordenado salir del país tan sólo cinco minutos después de hacerse pública la orden de detención», indicó a AFP el responsable de una ONG.

«Si el permiso para trabajar es revocado, los afectados serán más de 600.000 sudaneses, de ellos 400.000 en Darfur. Necesitan ayuda con urgencia», declaró a la citada agencia el director de Oxfam Internacional, Penny Lawrence.

MSF, por su parte, precisó que evacuará a su equipo en Darfur, compuesto por unos 70 trabajadores humanitarios.

Ante estas expulsiones, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon instó al Gobierno de Jartum a «seguir cooperando con las agencias y a cumplir con la obligación de garantizar la seguridad de la población civil, el personal y la propiedad de la ONU y la de los cooperantes».