El ex-primer ministro Edouard Balladur entregó ayer a Nicolas Sarkozy las conclusiones del estudio que el presidente de la República le había encomendado en otoño de 2008 en el marco de la reforma de las políticas públicas, abordada en cuanto accedió al Elíseo. Desde luego no se trataba de una labor fácil: proponer una reforma de la estructura institucional para adecuar y modernizar el actual «mil hojas», calificativo con el que coloquialmente se denomina el complejo entramado administrativo del Estado francés.

Las propuestas de la comisión Balladur han suscitado gran interés porque, siguiendo el requerimiento presidencial, van más allá de retoques puntuales y servirán de base para acometer una de las reformas estructurales más importantes desde que, por medio del referéndum convocado por el general de Gaulle el 28 de setiembre de 1958, se instaurara la Vª república. Por eso, la semana pasada y sin esperar a la entrega oficial del informe se filtraban ya los principales elementos que, según el estudio, debería contemplar la ley o leyes que propondrá el Gobierno.

De hecho, Sarkozy no ha perdido el tiempo y ha encargado al primer ministro, François Fillon que para el verano elabore «en estrecha colaboración con la Asamblea Nacional» un proyecto de ley sobre la cuestión. El objetivo es que ésta sea debatida y aprobada el próximo otoño para acometer su aplicación a partir de 2011, si bien las disposiciones más relevantes se harán esperar hasta 2014.

Varias leyes

Balladur considera que «cuatro meses es tiempo suficiente para alcanzar un consenso y elaborar el texto legislativo de base». Un proyecto de ley-marco que -añade el ponente- «necesitará en paralelo otras leyes complementarias sobre la fiscalidad y los modos de escrutinio». Y es que la profunda transformación institucional influirá directamente en la forma de elección de los representantes de las futuras entidades territoriales y, por supuesto, en su autonomía financiera. No en vano, Sarkozy argumentó que los objetivos de la reforma son que «las instituciones locales tengan más responsabilidad en la evolución del gasto, que se frene el despilfarro y que se modernice la fiscalidad local para revitalizar la economía».

Sarkoy se ha congratulado del «gran nivel de consenso» existente entre las propuestas financieras de la comisión Balladur y las «hipótesis con las que actualmente trabaja el Gobierno», en referencia a la supresión de la tasa profesional similar al impuesto de sociedades que, en parte, recaudan las instituciones locales.

De 22 a 15 regiones

Aunque aún no se conoce en detalle cómo se declinarán las veinte propuestas de la comisión (la mayoría de las cuáles han sido adoptadas por unanimidad), todo apunta a que se reducirá el número de regiones -instituciones que agrupan varios departamentos-, cuyo número pasaría de 22 a 15 en el hexágono.

Para algunas de ellas se propone la fusión, para otras la integración en otra región e, incluso, se contemplan casos de desmembración de los departamentos que constituyen actualmente una región para incluirlos en otras regiones limítrofes.

Otros de los cambios que se desprenden del estudio son la potenciación de las grandes aglomeraciones urbanas (propone crear 11 grandes metrópolis y un Gran París) y la agrupación en «territorios» de municipios y mancomunidades con más o menos afinidad cultural, económica y social que vendrían a sustituir a los actuales cantones. Incentiva, asimismo, la unificación voluntaria entre municipios para crear otros nuevos.

También se ha hablado mucho de que la comisión iba a proponer la desaparición del departamento como división territorial pero, al parecer, la presión de los lobbys locales ha hecho retroceder a la comisión en sus intenciones. Sin embargo, sí se augura que las competencias de los mismos se verán muy mermadas y hay quien asegura que, solapadamente y con el tiempo, son instituciones abocadas a la desaparición.

Para adecuar las actuales divisiones electorales al futuro mapa territorial las propuestas se orientarían hacia la creación de los consejeros territoriales. Según algunas fuentes, éstos se elegirían de entre los consejeros regionales (electos de la región) y consejeros generales (electos del departamento). Hay quien avanza que, incluso, podrían sustituirlos. Lo que parece más claro es la intención de disminuir considerablemente el número de estos electos, lo que estaría en consonancia con la desaparición de los cantones y la aparición de los nuevos «territorios» a los que nadie se ha atrevido por el momento a dar un nombre.

Tampoco se sabe a ciencia cierta el modo en que se llevará a cabo la aprobación de esta nueva disposición territorial. La comisión preferiría que fuese voluntaria, en particular, en lo que atañe a la reestructuración de las regiones. Queda delimitar quién va a decidir al respecto. Las posiciones son, también en este punto, bastante diversas y van más allá de la tendencia politica. El presidente de la UMP Xavier Bertrand, por ejemplo, se pronunciaba a favor de que sean los propios habitantes quienes decidan sobre la futura estructura cuando ésta modifique sustancialmente la configuración actual de su territorio.

Es evidente que el proyecto de ley debería aportar más luz sobre todas estas cuestiones, que llevan generando mucha polémica desde hace meses. Pero, por el momento, no parece que el «mil hojas» vaya a simplificarse mucho.