Durante su estancia en Irlanda, el premier británico, Gordon Brown, se reunió con el primer ministro y el viceprimer ministro norirlandeses, el unionista Peter Robinson y el republicano Martin McGuinness, respectivamente. Y Brown quiso hacer especial hincapié en el mantenimiento de la unidad en el seno del Ejecutivo y de la Asamblea de Belfast, que considera una muestra de que el proceso político es, en estos momentos, «inquebrantable».

Evidentemente, la primera parada en el recorrido de Brown por el norte de Irlanda fue el acuartelamiento de Massereene, en el Condado de Antrim, escenario de la muerte el sábado de los soldados Mark Quinsey, de 23 años de edad y vecino de Birmingham, y Patrick Azimkar, de 21 años y residente en el norte de Londres. En esta visita le acompañó el máximo responsable de la Policía norirlandesa, Hugh Orde.

Los dos militares murieron a consecuencia de los disparos realizados desde un Vauxhall Cavallier aparcado en el exterior del acuartelamiento cuando, junto a dos colegas, acudieron a recoger unas pizzas. Sus dos compañeros y los dos repartidores resultaron heridos en el incidente. El estado de salud del repartidor de origen polaco que había resultado malherido ha mejorado y se encuentra en situación grave, pero estable. Los otros tres heridos continúan su recuperación en el hospital. El resto del regimiento ha abandonado la base y se encuentra camino de Afganistán.

Como cabía esperar, la sesión de la Asamblea de Belfast también se centró en los acontecimientos del sábado. En su intervención, el primer ministro norirlandés, Peter Robinson, del DUP, reiteró que la acción de los disidentes republicanos representa un «desafío». «Hoy en esta cámara y fuera de ella, respondamos alto y claro: No hay marcha atrás», concluyó Robinson.

El líder de Sinn Féin, Gerry Adams, explicó que «la lógica de nuestra situación es que apoyamos a la Policía en la detención de los responsables», a la vez que reiteraba sus críticas contra la decisión del jefe policial, Hugh Orde, de invitar a soldados de la Inteligencia británica para que vuelvan al norte de Irlanda con el fin de monitorear las actividades de los disidentes republicanos.

Desde la oposición al Gobierno, el líder de UUP, el unionista Reg Empey -cuyo partido ha establecido un pacto electoral con los conservadores en el norte de Irlanda- atacaba a Sinn Féin por lo que consideraba «ambigua» reacción a la muerte de los soldados, y cuestionaba que las instituciones norirlandeses estén preparadas para la transferencia de los poderes judicial y de control policial.

Críticas republicanas

Precisamente, el Ejecutivo británico había iniciado la tramitación de la legislación necesaria para la transferencia de ambos poderes al Gobierno de Belfast el pasado 4 de marzo. El portavoz de Sinn Féin en temas policiales, Alex Maskey, viajó hasta el Parlamento de Westmister, en Londres, para asistir al debate de la propuesta de ley, que está diseñada para facilitar la transferencia de poderes a corto plazo, aunque la transferencia se prolongaría hasta mayo del 2012. Desde Londres, la pasada semana, Maskey criticó las declaraciones de Robinson de que los unionistas se asegurarían de tener la decisión final sobre la elección del ministro de Justicia.

Sinn Féin ha criticado que las contradicciones del unionismo en lo que se refiere a los avances del proceso de paz es una de las causas de inestabilidad social en el norte de Irlanda y, en particular, en la confianza de las comunidades hacia las instituciones. Y la falta de confianza en las instituciones y, por extensión, en el proceso, refuerza a los grupos disidentes.

La cuestión de la desmilitarización sigue el cauce marcado por el Acuerdo de San Andrés y el posterior plan del Gobierno británico, que redujo los efectivos militares en el norte de Irlanda a cinco mil soldados en catorce bases. La única controversia en los últimos meses, hasta el descubrimiento de la invitación por parte de Orde a las fuerzas especiales, es quién se beneficiará por la venta de los terrenos militares: Londres o Belfast.