La posibilidad de cambio en el Ejecutivo de Lakua ha provocado que se hayan acelerado los concursos de traslados de altos funcionarios y, además, según denunció el sindicato LAB, desde el Gobierno de Ibarretxe estarían intentando «controlar» los procesos «ad personam», reservando el puesto a personas determinadas.

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Idoia Zenarruzabeitia, convocó en octubre de 2007 varios procesos para proveer puestos de la Administración General a funcionarios de carrera. En concreto, convocó un concurso de traslados ante el que LAB interpuso varios recursos contra las diferentes bases al entender que había disposiciones contrarias a la legislación.

Los representantes de la central sindical abertzale Lander Etxebarria y Carlos Martínez de Morentín explicaron que los juzgados han estimado los argumentos planteados por LAB, pero la Administración ha decidido seguir adelante con los pro- cesos «sin cumplir del todo las sentencias».

Según relataron, en los procesos para los puestos de mayor nivel de funcionarios la Administración dispuso que entre los méritos se computaran una entrevista y una prueba práctica. Sin embargo, tras las denuncias de LAB el juzgado sentenció que la entrevista era contraria a la ley y que ni la prueba práctica ni ningún otro mérito podía ser eliminatorio, dado que este proceso no es una oposición sino un concurso de méritos.

Una nueva convocatoria

Lakua ha mantenido la prueba práctica pese a las sentencias y Martínez de Morentín aseguró que detrás de esa actuación aprecian «un intento de controlar» los nombramientos de altos funcionarios que se situarían tan sólo por debajo de los consejeros y viceconsejeros de los distintos departamentos del Gobierno de Gasteiz. En estos puestos se colocarían todos los jefes de servicios, que percibi- rían retribuciones de 60.000 a 72.000 euros al año.

LAB criticó también que Lakua ha mostrado «un desprecio absoluto» hacia el conocimiento del euskara y acusó a Idoia Zenarruzabeitia y Juan José Ibarretxe de ser los responsables de estas actuaciones.

Etxebarria especificó que han otorgado al euskara una puntuación menor que lo que exige la normativa y que a pesar de que los tribunales han aceptado la denuncia de LAB, Lakua no ha modificado los criterios.

Por todo ello, reclamaron al Ejecutivo autonómico que se anulen las convocatorias y se redacten unas nuevas bases que respeten los derechos de los trabajadores.