Como ya hizo antes en el Parlamento de Gasteiz, el sindicato LAB llevó ayer a la Cámara navarra su decálogo contra la privatización de los servicios sociales. Además de entregarlo en el registro, desde la calle transmitió a la opinión pública su temor de que la crisis pueda agravar la situación actual, dado que los intereses económicos se priorizan siempre sobre las necesidades sociales en este terreno.

En ello incidieron Arantza Sarasola e Isabel Artieda, que se concentraron ante el Parlamento junto a otros delegados del sindicato abertzale. Allí explicaron antes que nada que las políticas públicas y los servicios públicos en Euskal Herria se han convertido en «cautivas» de dos realidades. Por un lado, las legislaciones del marco estatal y la falta de voluntad de las administraciones autonómicas para superarlos. Por otro, «los intereses del capital, ya que el sector público no está al servicio de las necesidades ciudadanas, sino al servicio de los intereses del mercado».

También para los trabajadores

El decálogo resalta que este error de base no sólo perjudica a la atención de las personas con necesidades (especialmente de la tercera edad, sector marcado por las privatizaciones), sino que también afecta a los trabajadores de servicios sociales al precarizar sus condiciones laborales. Citan también que perjudica a otros aspectos como la necesaria euskaldunización de los servicios sociales, que queda ahora en manos de la voluntad, o no, de promotores privados.

Esta situación resulta cada vez más habitual, pero LAB alerta de que la crisis económica puede recrudecerla en la medida en que las empresas se están beneficiando de exenciones fiscales sin que se modifique la situación de fondo.

Sarasola y Artieda adelantaron que no esperan gran cosa de estas instituciones, «porque ya estamos viendo cómo manejan su dinero», pero esperan que el decálogo sirva para concienciar contra estas privatizaciones.