Eran cerca de las 11.30 de la mañana cuando un grupo de militantes del colectivo Euskal Herrian Euskaraz entró en la sede de Euskarabidea en Iruñea con el objetivo de hacer llegar sus quejas hasta oídos del propio director, Xabier Azanza. Su intención era la de denunciar la «ineficacia» y el «fraude» que a su juicio supone la existencia de este organismo dependiente del Departamento de Educación del Gobierno navarro, así como demandar «cambios reales» en favor de la normalización y la oficialidad del euskara en todo el herrialde.

Los militantes euskaltzales comenzaron a pegar carteles en los que se veían los rostros de Azanza y del consejero navarro de Educación, Carlos Pérez-Nievas, mostrando un papel con el lema «persona non grata» y coreando gritos de «Euskarabidea iruzurra». También lanzaron octavillas con el mismo mensaje, así como otras pidiendo un estatus de «prioridad» para la lingua navarrorum y más esfuerzos para la construcción de una Euskal Herria euskaldun.

Los trabajadores del Instituto del Euskara miraban atónitos la escena, y se preguntaban entre sí a qué organización pertenecerían los inesperados visitantes. En un momento dado, y seguramente alertado por el griterío, hizo acto de presencia Xabier Azanza. Arreciaron entonces los gritos que le acusaban de ser «enemigo» de la lengua vasca, a lo que el director de Euskarabidea no quiso responder, aunque su gesto de pocos amigos resultaba elocuente. Los miembros de EHE abandonaron el lugar a los pocos minutos sin que se produjera ningún incidente.

«Nos quieren silenciar»

Horas más tarde, el colectivo euskaltzale hizo público un comunicado en el que explicaba las razones que le han llevado a realizar esa protesta. «El Ejecutivo de Miguel Sanz ha creado Euskarabidea para silenciar a los movimientos sociales y populares que piden la oficialidad y la normalización del euskara. Por ello, es necesario movilizarnos para exigir que en Nafarroa nuestra propia lengua pase del sometimiento a la prioridad», denunciaron, y pusieron como ejemplo de ello las declaraciones efectuadas por Azanza en su presentación como director-gerente del centro, en las que asumía que la creación del Instituto «no traerá ninguna revolu- ción en la política lingüística del Gobierno navarro».

Consideraron que este organismo dependiente del Departamento de Educación «tiene como fundamento el cumplimiento de la Ley del Vascuence impuesta hace ya 22 años y que vulnera los derechos lingüísticos de los euskaldunes», y por ello le hicieron responsable «del arrinconamiento y los continuos ataques institucionales» que padece la lengua vasca en el herrialde.

En ese sentido, recordaron que la Unesco ya ha alertado de que el euskara se encuentra entre las lenguas en peligro de desaparecer, y abogaron por poner en marcha políticas lingüísticas que den preferencia a la lengua vasca frente al francés y al castellano.

«Los euskaldunes debemos ser los primeros en defender esas políticas lingüísticas para todo Euskal Herria. Una política lingüística soberana y sin injerencias desde fuera. Nos corresponde reivindicar nuestro derecho a vivir en euskara y exigir que se tomen medidas para que así sea», se reafirmaron desde EHE, para concluir asegurando que seguirán trabajando en esa línea.