Una vez que los tribunales y las autoridades españolas han asumido oficialmente la doctrina de Baltasar Garzón con reajustes de la legislación para acoger la teoría del «todo es ETA», y después de que la prensa lo elevara a los altares del estrellato mediático, el magistardo vizcaino Fernando Grande-Marlaska ha seguido la estela de su compañero «teorizando» nuevas concepciones en la lucha contra ETA y legalizando con hechos consumados nuevas vulneraciones de derechos fundamentales.

Este juez de la Audiencia Nacional acaba de acelerar la instrucción de las operaciones que viene dirigiendo desde 2007 contra la «kale borroka» y, al hilo de la sentencia del Supremo, también contra Segi, cumpliendo así con el mandato realizado por Alfredo Pérez Rubalcaba tras la ruptura del alto el fuego decretado por ETA. Para el ministro del Interior, «las operaciones contra la violencia callejera tienen una clarísima vocación que es doble: por una parte, se trata de evitar que la cantera de ETA campe por sus respetos y evitar que la cantera produzca etarras; evitar el salto de juveniles a senior es una tarea de las fuerzas de seguridad».

Inmediatamente después de que en junio de 2007 ETA anunciara el cese del alto el fuego decretado en marzo de 2006, además de neutralizar la interlocución de la izquierda abertzale por vía policial, desde el Ministerio del Interior llevaron a la práctica sus explícitas amenazas contra la juventud vasca. Así, cuatro semanas más tarde arrancaron en Gasteiz las razias contra jóvenes independentistas que a lo largo de los últimos dos años se han reproducido por todo el país, siempre de la mano del juez Marlaska y la Policía española, con apariciones intermitentes de la Guardia Civil y la Ertzaintza. Se han cobrado el arresto, posterior encarcelamiento y consiguiente procesamiento de más de un centenar de jóvenes. Mientras, al otro lado del río Bidasoa, los jueces especiales de París y la Gendarmería también han pisado el acelerador represivo contra organismos y jóvenes vascos.

Dos imputaciones por el precio de una

Primero Gasteiz, después Uribe Kosta, luego Donostia, pasando antes por Burlata, para seguir con Lea-Artibai, regresar a la capital alavesa, centrarse en Oarsoaldea, pasar por Barakaldo, y regresar durante un par de meses a Barañain e Iruñerria. Todas las redadas se han llevado a cabo con la etiqueta genérica de «combate a la kale borroka», pero siempre a partir de supuestos lazos con la organización juvenil Segi. Estas dos vertienes de las operaciones comandadas por el juez bilbaino, la relación que hace entre kale borroka y Segi, tienen su razón de ser.

La sentencia por la que el Tribunal Supremo calificó en enero de 2007 a las organizaciones Jarrai, Haika y Segi como «organizaciones terroristas» no sólo sirvió para blindar la teoría de Garzón y su redefinición del concepto jurídico de «terrorismo», y sentar de paso precedentes escandalosos de cara a otros sumarios como 18/98 y contra el movimiento pro amnistía, sino que eleva además a categoría legal la criminalización preventiva. Ahora, policías y jueces no tienen más que aludir a las siglas de Segi para actuar contra los jóvenes que sitúan en su punto de mira y poder acusarles, además, de los actos de kale borroka que tengan a bien imputarles. Un «dos por uno» que ha vuelto ha quedar patente en cada uno de los operativos llevados a cabo hasta la fecha por Grande-Marlaska.

Los procesos de instrucción ya se están cerrando para dar paso a la apertura de los juicios orales, en realidad macrojuicios. En función de esa duplicidad de acusaciones instalada ya con carácter oficial, el juez Grande-Marlaska ha separado en dos piezas la instrucción; por una parte se refiere a la supuesta militancia en Segi de los jóvenes detenidos y, por otra, está el apartado referente a las acciones de kale borroka. Marlaska tomó esta decisión después de tantear la posibilidad de llevar a cabo un macrojuicio con todos los operativos policiales que él mismo ha dirigido. El protagonismo casi exclusivo de este magistrado en los operativos podría ser también un elemento de análisis.

Carácter ejemplarizante

En diciembre Grande-Marlaska procesó a una veintena de jóvenes donostiarras, y entre enero y febrero ha hecho otro tanto con los imputados tras los operativos de Oarsoaldea, Burlata, Barañain e Iruñerria. En el caso de Barakaldo, ha sido otro juez, Pablo Ruz, el que acaba de poner a otros cinco jóvenes a las puertas del banquillo.

Los casos de Donostia y Oarsoaldea son muy gráficos para comprender los pasos que ha realizado la Audiencia Nacional y para prevér cuáles serán los próximos. Además de tratarse de los operativos en los que más personas han sido detenidas e imputadas, muestran el carácter «ejemplarizante» de estos procesos. Unos cuarenta jóvenes de Donostia y Oarsoaldea han sido procesados en estos sumarios bajo la acusación de ser militantes de Segi. Independientemente de que la imputación para algunos se eleva por ser considerados «dirigentes» -otro paso facilitado por el Alto Tribunal español-, todos partirán de una petición mínima de condena de seis años de cárcel. Se espera que los juicios de esta pieza arranquen en verano.

Un mismo patrón de conducta

Tanto en la capital guipuzcoana como en los operativos llevados a cabo en Oiartzun y Errenteria, el patrón ha sido calcado. Primero, la Policía española detiene a varios jóvenes a los que arranca distintas declaraciones policiales acusatorias sobre terceros; en una segunda fase, se intenta detener a estas terceras personas -en vano, porque no se hallan en sus domicilios- y se les imputa a través de los medios unos hechos; después se les deniega la solicitud voluntaria de declarar -algo que, según la legislación española, el juez está obligado a aceptar- y se mantiene la ambigüedad de las declaraciones; y cuando finalmente estos jóvenes intentan presentarse en la Audiencia Nacional, son rápidamente detenidos por los policías españoles. Al final, todos serán encarcelados.

Por otra parte, a pesar de ser catalogados como presos preventivos, por lo que deberían estar encarcelados en las inmediaciones de Madrid, también se les ha aplicado la dispersión penitenciaria. Y, por supuesto, se les niega sistemáticamente la libertad provisional, bajo la teoría de Pérez Rubalcaba de que así se evitan nuevos ingresos en ETA.

abriendo puertas a la criminalización

Sobre las «pruebas» que la Policía española ha puesto contra ellos a disposición del juez, basta con exponer lo recogido en los autos de la Audiencia Nacional. En el caso de un oiartzuarra, se cita que en el ordenador familiar se ha encontrado una fotografía sobre un acto de jóvenes independentistas con el que se reivindica el derecho a la vivienda, una carátula del Gazte Topagunea de Lezo y una fotografía en Herri Urrats junto a varios amigos que, casualidad, también están imputados por los tribunales españoles. Por este motivo, queda «demostrada» su pertenencia a la «organización terrorista» Segi.

«De gran interés» califica Marlaska, asimismo, un video que afirma se halló en el Gaztetxe de Errenteria. En él, según se desprende en el auto, se recoge cómo restauraron el local autogestionado. Lo «interesante» resulta que en las paredes encontraron pintados «símbolos que utiliza la izquierda radical abertzale», tales como las frases «Jo ta ke», «Askatasuna», «AHT gelditu» o «Independentzia». Y de estos elementos el juez concluye que «de esta manera, como ya se ha expuesto varias veces, los gaztetxes se constituyen como puntos de encuentro de los integrantes de la organización criminal, centros neurálgicos donde organizar su actividad subversiva, donde llevar a cabo sus asambleas, donde realizar los cursos para los nuevos militantes, organizar material, etcétera». La criminalización de las gazte asambladas y los gaztetxes, así como de organismos como Kamaradak o de iniciativas multitudinarias como Gazte Topagunea, tiene ya también la puerta abierta en el tribunal especial de Madrid.

Otro ejemplo: si alguna vez se ha recibido, como en el caso de una joven donostiarra encarcelada, un joyero hecho a mano a partir de un libro, la acusación de que se trata de «un libro-trampa» con supuesta relación con ETA será aireada a bombo y a platillo por los medios de comunicación y recogido por el magistrado. Más todavía si, además, la Policía española se incauta de un mapa marcado de una localidad española, donde sus padres habían veraneado apenas unos meses antes.

Cuestiones que no pasan de ser elucubraciones policiales se elevan automáticamente a categoría de pruebas procesales. En Gasteiz, por ejemplo, el hallazgo de un colgante con anagrama de ETA, boletos, octavillas, un pañuelo de Segi y un libro sobre «qué hacer ante una detención» llevan al magistrado a deducir que uno de los detenidos es militante de Segi, mientras que la «tenencia de 23 mapas topográficos» sirve para «acreditar la condición de responsable de Segi» de otro. Y es que, según los jueces españoles, como la organización juvenil «complementa» mediante la «kale borroka» la lucha armada de ETA, el tener unos mapas supone que es su dueño quien elige los objetivos a sabotear, y, por consiguiente, es «responsable» o «dirigente» de un grupo concreto de la organización juvenil.

De lograr, o no, autoinculpaciones

A todo ello se añaden las declaraciones policiales forzadas a los jóvenes independentistas detenidos como consecuencia de los maltratos y las torturas de los que fueron objeto por parte de las FSE, y que han venido denunciando después de cada redada. Aun siendo negadas después ante el juez, esas declaraciones cobran carácter probatorio en la Audiencia Nacional española.

Y en caso de que los policías no consigan extraer del detenido ninguna autoinculpación o acusación a terceros, como ocurrió con la goierritarra Irati Mujika, arrestada en 2008 en Iruñea y que denunció golpes, amenazas y `la bolsa' cuatro o cinco veces durante la incomunicación, las FSE retoman viejos pero conocidos métodos de las fuerzas policiales españolas. El padre de Mujika, refugiado político que reside en Lapurdi, denunció en los tribunales que fue interceptado por personas identificadas como policías españoles y amenazado reiteradas veces. Sus captores le expsusieron expresamente la situación de su hija, que por entonces se encontraba presa.

Así las cosas, finalmente se encuentran dos posibles desenlaces: si las FSE no consiguen forzar una declaración policial, no hay pruebas ni en su contra ni contra terceros; pero si, gracias a estos métodos, consiguen autoinculpaciones y acusaciones contra terceros, por sí solos suponen elementos probatorios con los que poder encarcelar a jóvenes vascos durante muchos años.

Mientras tanto, a Fernando Grande-Marlaska no le duelen prendas al afirmar, como hizo en Salamanca en junio del año pasado, que «no podemos crear el `Derecho Penal del enemigo', que todo valga para luchar contra determinado tipo de delincuencia, por mucho que esa delincuencia nos perturbe a todos».