Recientemente, un periódico del Estado español con sede en Madrid sentenciaba en un artículo «¿Cadena perpetua? Peor: 40 años de cárcel». El reportaje denunciaba que en el Estado español el Código Penal se ha ido endureciendo paulatinamente como consecuencia de la presión ejercida a raíz de diversos sucesos dramáticos. Analizaba también cómo en los últimos años grupos de presión creados a partir de esa serie de sucesos han comenzado a promover la cadena perpetua o, incluso, la pena de muerte. Como gráficamente expresa el titular del reportaje, en realidad nadie parece querer asumir que el Estado español ya tiene uno de los sistemas punitivos más duros del continente y que ese endurecimiento progresivo ha hecho que la cadena perpetua se aplique de facto.

La tesis en sí no tiene nada de nueva, y ha sido comentada y sostenida en estas páginas repetidas veces. Más discutible es hasta qué punto ese endurecimiento es espontáneo e irreflexivo o, al menos en los casos relativos a sumarios relacionados con el conflicto vasco, más bien responde a una estrategia compartida por ciertos políticos, magistrados y medios de comunicación españoles, ésos a quienes los anglosajones llaman «securócratas». Ése parece ser el caso, por ejemplo, de los procesos judiciales contra miembros del movimiento juvenil vasco y contra los presuntos autores de actos de kale borroka. Tanto las reformas legislativas diseñadas al efecto como las interpretaciones de esos cambios legales y las subsiguientes sentencias siguen un recorrido y unas pautas marcadas por el Ministerio de Interior que son fáciles de apreciar por cualquier persona con un mínimo de objetividad y equidad.

Y son precisamente esos elementos propios del Derecho, la objetividad y la equidad, dos de los que se echan a faltar en este engranaje represivo. También ayudaría que quienes sostienen tesis razonables y progresistas en esta materia no jaleen ese proceder cuando ese sistema de castigo se aplica a jóvenes vascos.