En su informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que presentará el lunes y que es de una dureza raras veces vista en ese foro, Richard Falk concluye que el recurso a la fuerza, de la forma en que lo hizo Israel entre el 27 de diciembre y el 18 de enero, contra Gaza, no estaba legalmente justificado y pudo ser un crimen de guerra. El texto se conoció el mismo día en que medios israelíes difundieron los testimonios de soldados que admitían haber matado a civiles palestinos indefensos siguiendo órdenes «permisivas».

Falk explica que no diferenciar entre objetivos militares y civiles supondría una violación de las Convenciones de Ginebra y, por extensión, sería «intrínsecamente ilegal». «Sería constitutivo de crímenes de guerra de magnitud máxima, según la ley internacional», afirma.

«En base a las pruebas preliminares disponibles, hay razón para extraer esta conclusión», asegura Falk, quien agrega que «considerando que los ataques iban dirigidos contra áreas densamente pobladas, era en cierto modo inevitable, y desde luego previsible, que hospitales, escuelas, mezquitas y sedes de la ONU fueran alcanzadas, y que hubiera numerosas víctimas civiles».

Un segundo elemento gravemente perturbador para Falk, y que en su opinión apoya la teoría del crimen de guerra, es el hecho de que al estar selladas todas las fronteras de la Franja palestina, «los civiles no podían escapar de la órbita del conflicto».

Recuerda que ya el alto comisionado de la ONU para los Refugiados, Antonio Guterres, dijo en enero que «Gaza es el único conflicto en el mundo en el que a la gente ni siquiera se le permite escapar», ya que todos los puntos de cruce estuvieron cerrados.

«Al hacer esto -prosigue-, niños, mujeres, enfermos y discapacitados fueron incapaces de huir de las operaciones militares de Israel, y esta condición se agravó por la ausencia de lugares para esconderse en Gaza, dado su pequeño tamaño, su densa población y la ausencia de refugios naturales o construidos por el hombre».

El relator analiza diversas legislaciones internacionales humanitarias y considera que la práctica de «negación del refugio» constituye un «crimen contra la humanidad».

«No hay forma de reconciliar los propósitos generales y los puntos específicos de la ley humanitaria internacional con la magnitud y la naturaleza de los ataques militares israelíes» en esa ofensiva, indica Falk.

«Los ataques israelíes con cazabombarderos F-16, helicópteros Apache, artillería de largo alcance desde tierra y mar fueron dirigidos esencialmente a una sociedad indefensa de 1,5 millones de personas», subraya.

El relator también desmonta la tesis israelí de que la ofensiva respondió a los lanzamientos de cohetes de Hamas, y con datos y gráficos muestra que durante el periodo de alto el fuego de los meses previos, «fue predominantemente Israel quien lo violó, y era Hamas quien respondió. En el 79% de los casos de incidentes violentos, fue Israel quien rompió el alto el fuego».

Por ello, Falk propone una investigación por parte de «tres o más respetados expertos en leyes internacionales de derechos humanos y ley criminal internacional».

Fin a la ocupación

También el jueves, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó un informe, tras analizar en diciembre la política israelí de derechos humanos, en el que se pide a Israel que ponga fin a la ocupación de los territorios palestinos y de los Altos del Golán, y que respete el derecho del pueblo palestino a establecer un Estado independiente.

Emplaza al Gobierno sionista a detener de inmediato la construcción del muro que levanta en las áreas ocupadas y a desmantelar lo ya erigido, a permitir a los palestinos acudir a las zonas de culto, proteger la libertad religiosa y a que permita a las organizaciones internacionales verificar las condiciones de los presos árabes.

Además se le insta a poner fin a la expansión de las colonias judías y a levantar el bloqueo y las restricciones de circulación en Gaza.