La Junta General de Accionistas de Iberdrola transcurrió ayer en el Palacio Euskalduna con mucha tranquilidad. Tan sólo, al final, José Ignacio Sánchez Galán, presidente de la multinacional eléctrica de origen vasco, rompió su discurso repetitivo de los últimos días sobre ACS.

Rechazó de forma explícita la entrada de Florentino Pérez en el consejo de administración y los accionistas dieron el visto bueno a la estrategia que tejió para evitar que ACS pueda desequilibrar el futuro positivo que se vislumbra para la eléctrica vasca. La empresa se encuentra en una posición destacada en el desarrollo de las energías renovables, sobre todo, en Estados Unidos donde el presidente, Barack Obama, ha planteado dar un impulso a generar energía «verde».

Iberdrola presentó los mejores resultados de la historia, con un beneficio económico de 2.860 millones, un 21,5% más que un año antes, y un incremento en el pago de la acción del 20%. En tiempos de crisis, como en el momento actual, fue entendido como un logro por parte de los accionistas. Tampoco nadie cuestionó la postura favorable del presidente de Iberdrola a la prolongación de la actividad de la central nuclear de Santa María de Garoña, ni hubo protestas en la calle, ni nada que alterase la pretensión de Sánchez Galán de seguir produciendo energía eléctrica en la central nuclear más anciana del Estado español.

Lo más llamativo, sin duda, se produjo al final, en el turno de contestación a los nueve accionistas que interpelaron al presidente por diferentes temas, algunos de ellos a favor de ACS, pero otro en contra de la compañía que «hace de la especulación su forma de ganar dinero» como dijo uno de los intervinientes. José Ignacio Sánchez Galán aprovechó el viento a favor que se desplegó en el Palacio Euskalduna para negar de forma rotunda la entrada de ACS. Aunque en un principio acudió a la frase que tenía ensayada desde la rueda de prensa del pasado miércoles de que «se estudiará en el momento oportuno» la pretensión de Florentino Pérez de sentarse en uno de los quince sillones del consejo, después se explayó ante el apoyo de los accionistas para indicar que «no es el momento oportuno». Les adelantó que «se opondrá a que nadie utilice los recursos de la compañía y de los accionistas en beneficio propio y en detrimento de los demandas». Afirmó con rotundidad que «hemos visto intentonas bastardas a lo largo del ejercicio pasado que nos obligaron a acudir a los tribunales de Bilbao para exigir si tras los ruidos que estaban apareciendo había alguna realidad o no». Sin mencionarlo, se refirió precisamente al intento de ACS con la eléctrica francesa EDF de tomar una posición mayoritaria en Iberdrola.

Contra los especuladores

El presidente de la multinacional eléctrica vasca recordó que «no me opondré a que se realice una oferta pública de adquisición por el 100% de la compañía, si crea valor para el accionista. Pero rechazaré que se utilice una vía indirecta para que algunos intenten especular con el valor de la compañía -como hizo ACS, aunque no la mencionó-, porque a la larga es una destrucción de valor y eso no lo vamos a consentir. Por eso acudimos a los tribunales».

Por si acaso quedaba alguna duda, José Ignacio Sánchez Galán afirmó que «Iberdrola no ha tenido una OPA», aunque recordó que «sí que ha habido intentos de quedarse con la compañía, sin concretar las ofertas. Eso es simplemente hacer ruido», precisó. Llegados a ese momento, el presidente de Iberdrola rechazó que «se destruya con una teórica creación de valor un tejido empresarial que se ha construido a lo largo de más de cien años. Es muy fácil -precisó- trocear una empresa. Sacar valor a corto plazo», pero admitió que «eso no es hacer una empresa, es especular».

Crecido ante los aplausos de los accionistas, recordó que el momento actual es el del «fracaso de los especuladores. La avaricia y la codicia han superado los límites. Hacer una empresa cuesta más de cien años y trocearla cuesta un minuto. No tiene que venir nadie a enseñarnos a trocearla. Esa no ha sido la trayectoria de esta empresa durante cien años y creo que no es lo que quieren la mayoría de los accionistas», concluyó. El equipo que dirige Iberdrola enseñó las cartas a la hora de las votaciones. Primero, concretó que ACS, que cuenta con una participación directa e indirecta del 12,6% en Iberdrola, sólo podría ejercer un voto por el 10%, debido a las condiciones fijadas en los estatutos y que «fueron corroboradas por prestigiosos catedráticos», precisó el secretario del consejo de administración. Se acordó reducir de 21 a 15 el tamaño del consejo y a la vez se contemplan incompatibilidades a sus miembros, para impedir la entrada, sobre todo, de competidores de la eléctrica vasca. Fue respaldado por el 84,99% de los accionistas.

En esta Junta General, por otro lado, se ratificó a una nueva consejera independiente externa, Samantha Barber. En este caso, como en los anteriores, los representantes de ACS votaron en contra, ya que pretendían que esa plaza correspondiese a Florentino Pérez. Iberdrola aseguró que el 85,13% de los accionistas respaldaron la entrada de la nominada desde la filial escocesa Scottish Power.

Gran acuerdo social

En su discurso inicial, José Ignacio Sánchez Galán recordó que «las compañías eléctricas están llamadas a jugar un papel fundamental en la superación de la crisis económica, porque somos motores de crecimiento y dinamizadoras de la actividad, a través de cuantiosas inversiones, creando empleo y ofreciendo un servicio esencial ligado directamente a la actividad productiva». Sin embargo, afirmó que, de forma previa, es necesario abordar reformas estructurales «destinadas a mejorar la productividad y el potencial de crecimiento de la economía en el largo plazo». Por eso, Sánchez Galán insistió en que «es urgente abordar reformas en los mercados de bienes y servicios y en el energía». En referencia al sector que controla Iberdrola, dijo que «es fundamental definir y desarrollar una política energética estable y predecible, que no desicentive las inversiones».

Para lograr ese propósito, el presidente de Iberdrola reclamó ante los accionistas «un acuerdo general que involucre a toda la sociedad en la solución de los problemas que tenemos encima de la mesa». En este sentido, precisó que es necesario el impulso del diálogo social, los acuerdos políticos entre los diferentes partidos y la colaboración y coordinación entre las distintas administraciones».