Maude Barlow, autora hace años del revelador libro ``El oro azul'', ha sido asesora legal de la ONU en el reciente Foro Mundial del Agua. Antes del encuentro en la capital turca, proclamó abiertamente que ha llegado la hora de definir «si dejamos que el agua sea una mercancía mientras hay gente que muere por no tenerla, o si es un derecho humano, en cuyo caso no se podrá comercializar». Finalmente, como hace tres años en la cita de México, ha vuelto a imponerse la primera opción, la que durante estos días ha venido defendiendo el sector privado del agua, curiosamente, el mismo que financia el Consejo Mundial del Agua y que es el organizador de este Foro.

Muchas habían sido las apuestas previas para lograr que este encuentro al más alto nivel proclamara lo que ya han hecho algunos países latinoamericanos, como Bolivia. El Gobierno de Evo Morales fue uno de impulsores de la declaración del agua en esta cumbre de Estambul como un derecho humano universal. Lo había hecho ya en 2006 junto a otros cuatro países más de la región y ahora lo trasladaban a este Foro Mundial. Pero la oposición ha sido demasiado grande.

Gobiernos como los de EEUU, Egipto, Canadá o Brasil se han opuesto a dar este trascendental paso que obligaría a medidas más efectivas para garantizar el suministro de agua potable a miles de millones de personas en todo el mundo.

De manera anticipada, la propuesta boliviana no fue tomada en cuenta en el documento borrador de la declaración del agua, lo que provocó protestas por parte de los proponentes. Ya casi al finalizar este V Foro, la mayoría de los 150 países participantes dio luz verde para considerar al agua sólo como una «necesidad humana básica».

No obstante, la iniciativa logró que una veintena de gobiernos firmara una declaración reconociendo a este líquido vital como un derecho humano. Entre los países que respaldaron esta posición se encuentran Sudáfrica, Chad, Emiratos Árabes, Nigeria, Senegal o el Estado español, entre otros.

«Este lobby que hemos logrado generó una discusión intensa en la comunidad europea que anunció que considerará la declaración firmada sólo para países europeos, pero con el mismo tenor de la Declaración propuesta por Bolivia», se congratuló, al menos, el ministro boliviano de Medio Ambiente y Agua, René Orellana.

Sin embargo, representantes de organizaciones sociales y de colectivos que participan en este encuentro, no pudieron sino lamentar que esa «política testaruda» de querer comercializar con un bien público y un derecho humano sea apoyada incluso por el Banco Mundial, organismo al que, lejos de contribuir al desarrollo de los países, le acusan de haber permitido el incremento de la pobreza.

La propia asesora de la ONU Maude Barlow manifestó que la gestión privada de los recursos hídricos cobró auge en los años noventa en países en vías de desarrollo, especialmente en Latinoamérica y ha demostrado ser fallida, ya que las tarifas son muy altas, genera insostenibilidad y resistencia social.

«Pedimos que la asignación de agua se decida en un foro abierto, transparente y democrático más que en una feria comercial para las mayores empresas del mundo», defendió Barlow. Pero como bien se encargó de aclarar la presidente del proceso político del debate, Sumru Noyan, «en ningún documento vinculante de la ONU aparece el agua como derecho humano». Tan sólo lo hace como anexo.

Así las cosas, el agua en condidiones, la misma que falta a millones de personas y faltará a muchos más en las próximas décadas, seguirá siendo una «necesidad», no un «derecho».

Una visión que habrá agradado a personajes que estos días han recorrido los pasillos del Foro, como Gerad Payen, presidente de AquaFed, conocido en el ámbito mundial como «el Señor del Agua», quien sostuvo que el sector empresarial pretende distribuir el preciado líquido en lugares donde los gobiernos han sido incapaces.

Con este panorama que se sucede cumbre tras cumbre y la enorme presión de las empresas privadas del agua, no es de extrañar que los países firmantes de la declaración final oficiosa sobre el derecho al agua, hayan propuesto un segundo punto en la misma en el que solicitan que el Foro Mundial del Agua deje de ser organizado por una institución privada como es el Consejo Mundial del Agua para ser dirigido por la ONU. En este caso, ni el Estado español ni Uruguay lo suscribieron.

Atrás ha quedado el Foro de Estambul, en el que al margen del documento final, todos han resaltado la elevada participación de la sociedad civil, aunque como se ve, con limitados logros. La próxima cita, en 2012, será en Marsella o Durban. Hasta entonces, el acceso al agua potable seguirá siendo un bien preciado en muchas partes del planeta. La última oportunidad para que ese angosto grifo comenzara a gotear ya es historia y como juzgó ayer el senador francés Jean-François Legrand, la declaración ministerial ha quedado «incolora, inodora e insípida».