El PSN acusa la respuesta social a su propuesta para devolver a las constructoras implicadas en el macroproyecto de Gendulain los derechos de edificabilidad, lo que supondría una merma de unos 90 millones de euros para las arcas forales. Su secretario general, Roberto Jiménez, asumió ayer en una entrevista concedida a ``Diario de Noticias'' que «no soy partidario de pagar 90 millones por Gendulain, habrá que hacer otro cálculo».

Jiménez fue precisamente el autor de la idea, que rápidamente recabó la receptividad de Miguel Sanz, presidente del Gobierno navarro y de UPN. Sin embargo, ni uno ni otro contaba al parecer con la alarma social que ha levantado este plan de rescate a constructoras que decidieron en su día implicarse en un macroproyecto urbanístico con claras connotaciones especulativas (levantar una nueva ciudad para unos 50.000 habitantes entre Iruñea y la sierra de Erreniega). El proyecto ha quedado desestimado tras el desplome de la demanda por la crisis económica, y ahora PSN y UPN pretenden rescatar a las empresas implicadas.

Entre medio no han faltado alusiones veladas a intereses de los partidos en esas empresas. En una comparecencia conjunta reciente, Miguel Sanz se mostró muy molesto por una viñeta que le acusaba de «tirar dinero al sembrado», y Roberto Jiménez amenazó con querellas si alguien liga al PSN con prácticas corruptas.

En la citada entrevista publicada ayer, Jiménez asegura que «yo no quiero ir al rescate de nadie. Podemos hablar del sector, podemos hablar del empleo y de la necesidad de vivienda de los ciudadanos, pero de salvar la vida a nadie, no. Insisto, no se trata de regalar nada a nadie». En cuanto a la cantidad de 90 millones de euros que se barajó desde su partido, el líder del PSN argumenta ahora que «fue una estimación que el portavoz parlamentario [Samuel Caro] dio de forma aleatoria».

Mientras tanto, en otra entrevista a ``Diario de Navarra'' el ex consejero de Vivienda José Andrés Burguete, de CDN, defiende que la operación que lideró «fue buena y volvería a repetirla». Se da la circunstancia de que Burguete se opone ahora al rescate. Aboga primero por hacer un diagnóstico sobre la situación del sector, y ofrece que el Gobierno navarro estudie después «alternativas para ayudarles» pero sin pasar por la devolución multimillonaria de esos derechos de edificación.