Loiu se desborda. La Diputación de Bizkaia reubica a treinta menores. La plantilla de educadores se niega a trabajar en condiciones tan extremas. Urgencia de contrataciones, una constante. Orduña, febrero de 2002. En un turno de siete días veo reventar puertas, robar móviles, asaltar la cocina, arrojar sillas de hierro a educadores, perseguir a seguratas, agresiones con objetos punzantes y yo mismo soy atacado. Jet-lag.

Colectivo urbano, desestructurado. Procedencia: los arrabales de Tánger. La nula preparación deforma su imaginario y funciona como banda. La institución entiende que no debe fomentar el «efecto llamada» y los servicios que presta son mínimos.

Estallan los Ochomayos. Evacuamos a los menores escoltados por la Ertzaintza. El olor a disolvente desquicia y unos pocos confunden los términos con xenofobia. La fiscalía interviene, entradas y salidas en centros de reforma... sin resultados. A lo largo de los dos años siguientes se estrechan las interacciones con los menores, consiguiendo que más de uno salga con trabajo y papeles. Pero la banda jerarquizada ejerce un contrapoder efectivo y en la primavera de 2004 quema el espacio que habita. Un tercio de los menores acaba en centros como el de Zumarraga y la Diputación ordena el paso a la red de hogares.

Una nueva oleada procede de comunidades rurales bereber, de familias pobres pero estructuradas que en la emigración ven una oportunidad de subsistencia. Un proyecto educativo e itinerarios personalizados con un Coordinador de Caso y los menores amplían sus perspectivas de futuro.

Privatización, masificación, escasez de recursos y malas condiciones laborales abren un periodo de conflictos que culmina con presión sindical y relativa estabilización de la red vizcaina hacia mediados de 2008. Anteproyecto de centros de Gobierno Vasco.

Gipuzkoa no ha enfrentado la problemática hasta 2006. Las reclamaciones de los demás no le han hecho considerar las condiciones del servicio. La Diputación ha establecido un operativo privado, sin engarce con la institución salvo por la distribución de recursos públicos. La estructura de control es política, no profesional. Los menores carecen de expectativas, de programas individuales, ni siquiera están todos escolarizados, muchos han vivido desatendidos en pensiones o apartados en caseríos y su itinerario formativo de inserción se ha visto quebrado con la mayoría de edad. Por eso no es extraño que ardan centros como el de Tolosa o que una micromafia tangerina campe por el Deba. La diputada de política social clama repatriación, recordándole el Ararteko y SOS Racismo que su obligación como única tutora legal de los menores es la de reformarlos.

Señora diputada, no se trata de expulsar, habilitar prisiones o chamizos en la punta de un monte en Elgeta... Su responsabilidad es la de evitar que un niño de 11 años, da igual su origen, resida en un centro masificado, cuando debería estar en un hogar con otros menores, tanto autóctonos como extranjeros, estudiando primaria, a no ser que no importe condenarlo de por vida. Usted misma, pero yo dimitiría.