Los ocho jóvenes detenidos en Hernani y Urnieta -Asier Olano, Txaber Zabaleta, Aitzol Arrieta, Egoitz Balerdi, Jon Ezeiza, Eki Oñate, Mikel Gartzia e Iñigo Alzelai- seguían anoche incomunicados, y podrían continuar así hasta el sábado.

La preocupación de los allegados de los arrestados por el estado en el que se encuentran y el trato que están recibiendo es patente, más aún al saber que uno de ellos, Mikel Gartzia, tuvo que ser trasladado al hospital, al parecer tras sufrir un ataque de ansiedad. Los abogados de los jóvenes han pedido el habeas corpus, pero ha sido denegado en todos los casos.

El martes se indicó que el juez Baltasar Garzón ha aceptado medidas como grabar el periodo de detención, que les asista un médico de confianza y que sus familiares sean informados de dónde y cómo se encuentran. Pero ayer tarde los familiares desconocían si habían sido asistidos por algún facultativo.

Sobre el paradero de los jóvenes, familiares han denunciado informaciones policiales erróneas. Afirman que mientras les telefoneaban diciendo que uno de los detenidos ya se encontraba en dependencias policiales en Donostia, posteriormente han sabido que aún se hallaba presente en el registro del gaztetxe Kontrakantxa.

La Comisión de Derechos Humanos del Ayuntamiento de Hernani también mostró ayer su preocupación por la situación de los jóvenes y exigió «que se acabe con la incomunicación».

El texto -aprobado con los votos de la izquierda abertzale, EB y PNV- pide que los familiares sean informados y que desaparezca la Audiencia Nacional, «en la medida que es un tribunal especial».

Por su parte, tras realizar una asamblea cientos de personas exigieron la liberación de los ocho detenidos en una manifestación que recorrió Hernani y denunciaron «el montaje policial». El ministro español de Interior admitió que se trata de una redada que no se justifica en acusaciones de delitos concretos, sino en que así «se han frustrado actos de sabotaje y de violencia».