La abogada de los ocho jóvenes arrestados el martes de la semana pasada en el transcurso de la operación policial que se llevó a cabo en Hernani y Urnieta, denunció ayer que las llamadas «redadas preventivas» que el Ejecutivo español dice efectuar para evitar que los arrestados cometan un delito, «no tiene ninguna base jurídica».

«En un Estado de Derecho no es posible que haya redadas preventivas ya que rompen el principio de legalidad y de seguridad jurídica», aseguró ayer la letrada Ainhoa Baglietto en la rueda de prensa ofrecida ayer en Donostia junto al único joven que ha quedado en libertad tras el opertaivo, Iñigo Alzelai, así como junto a familiares y amigos de los arrestados y representantes del movimiento pro-amnistía. Baglietto denunció que el objetivo de las operaciones policiales contra la juventud vasca «no es evitar que cometan un delito o castigarlos por haberlo perpetrado, sino castigar y encarcelar a los jóvenes revolucionarios e independentistas vascos» .

Criticó asimismo que el Ejecutivo español, en su lucha contra el independentismo vasco, ha ido «amplíando tipos penales» para «hacer desaparecer a quienes les suponen un problema», una práctica que se ha vuelto habitual desde que el Tribunal Supremo calificara como «organizaciones terroristas» a Jarrai, Haika y Segi en enero de 2007. «Primero les imputaban ser colaboradores de ETA, más tarde extendieron el término de `terrorismo' hasta las acciones de kale borroka, y ahora con acusarles tan sólo de ser miembros de Segi y decir que iban a cometer algún acto o sabotaje, ya es suficiente para torturarlos y encarcelarlos», denunció la abogada, al tiempo que lamentó que «no es posible llevar a cabo estas detenciones, sin pruebas, si no es contra la disidencia vasca». «Ahora el delito son las personas, y no lo que han hecho o han dejado de hacer».

Baglietto quiso destacar que los ocho jóvenes detenidos en Hernani y Urnieta han denunciado haber sido víctimas de malos tratos físicos y sicológicos, siendo en la comisaría de Donostia «donde recibieron el trato más horroroso». «Los tuvieron separados en habitaciones pequeñas, de rodillas. Dándoles golpes con la mano abierta y con botellas por todo el cuerpo», expicó, para acabar denunciando el hecho de que Baltasar Garzón haya dado total validez a la declaración policial firmada por los arrestados, la cual todos ellos dijeron haberla efectuado bajo torturas.

La «ineficacia» del protocolo

Representantes del movimiento pro-amnistía, por su parte, pusieron el acento en «la ineficacia» del llamado protocolo Garzón para evitar la práctica de torturas durante el período de incomunicación, algo que a su juicio han dejado claro las denuncias de malos tratos por parte de los arrestados en el último operativo policial.

«El protocolo no es más que un paquete de medidas para ocultar las torturas de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado español en las comisarías. La única manera de acabar con estas prácticas pasa por derogar el periodo de incomunicación», advirtieron, tras lo que aseguraron que «el conflicto político vasco se solucionará con más democracia y no con recetas represivas».