Las ayudas para viajes de familiares de presos ya se ajustan a los requisitos fijados en abril de 2005 por el TSJPV que anuló convocatorias anteriores también por un recurso de la Abogacía del Estado. En aquella ocasión, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero alegaba también una invasión de competencias, por encuadrarse las subvenciones en la «política penitenciaria» que no se encuentra transferida a la CAV.

Aquellas reclamaciones ya fueron corregidas y las subvenciones se han estado concediendo desde 2006 sin que mediara ningún recurso del Estado. El Gobierno español alega ahora que las ayudas contradicen la Ley de Reconocimiento y Reparación a las víctimas del terrorismo, que fue aprobada en junio de 2008 por el Parlamento de Gasteiz.

Sin embargo, las subvenciones contempladas en el decreto recurrido son para todo tipo de presos y no sólo para los acusados de «delitos de terrorismo».

La portavoz del Gobierno autonómico en funciones, Miren Azkarate, declaró ayer que las ayudas son «compatibles» con la mencionada ley y denunció que el recurso «es un intento de ganar puntos ante el PP».

Desde EA, Mikel Irujo señaló que el PSE «paga» al PP su apoyo a Patxi López como lehendakari «castigando a los familiares de presos». Y añadió que «las ayudas del Gobierno vasco serán necesarias mientras dure la injusticia de la dispersión, que castiga a los familiares de presos por delitos que ellos no han cometido. Si el PSOE quiere que desaparezcan las ayudas, lo tiene muy fácil: que cumpla los preceptos legales y humanitarios y permita que los presos vascos cumplan sus penas en cárceles de Euskadi».