En realidad, éste es el último capítulo de la conflictiva relación que desde hace meses, si no años, man- tienen el concesionario de la gestión del puerto (CCI) y la cooperativa Logicoop, compuesta por armadores de barcos de pequeña dimensión y que, aun utilizando artes de pesca diferentes, tienen en común su «utilización responsable» al objeto de respetar el recurso marítimo.

El enfrentamiento ha llegado, según el representante de dicha cooperativa, Ramuntxo Iturrioz, a un punto tal que no tiene empacho en definirlo como «guerra abierta». «Hasta ahora, con sus más y sus menos, las cosas funcionaban porque los pescadores íbamos tirando, pero la crisis también nos afecta y ante los ridículos precios que se nos proponen en la subasta, hemos decidido vender nosotros mismos el pescado en el puerto», manifiesta.

Apoyándose en una cláusula de la ley Colbert, que permite a los pescadores vender en el muelle, Logicoop propuso a la CCI organizar la venta en el puerto labortano a principios de 2008, proyecto que fue aceptado por ésta si bien, más tarde, lo dejó en manos de la asociación encargada de la subasta (Association de la Criée). Una decisión, a decir de la cooperativa, un tanto contradictoria porque lógicamente choca con los intereses de mayoristas y pescadores que son también miembros de la asociación. De hecho, estaba previsto que la venta directa comenzase en junio del año pasado, pero no fue así.

Venta directa al consumidor

A finales de febrero varios pescadores, con ayuda de equipamientos de la cooperativa, iniciaron la venta directa en los locales, actualmente vacíos, de la antigua subasta que se encuentra en el muelle de Donibane Lohizune. La CCI no vio con buenos ojos la iniciativa porque, al parecer, tiene otros planes para dicho local -según Iturrioz «anunciados desde hace años, pero nunca concretados»- y en las semanas siguientes hizo instalar en el muelle del lado de Ziburu dos carpas y mostradores que puso a la disposición de los pescadores conminándoles a que los utilizaran si deseaban vender el pescado directamente al consumidor.

Y ahí se caldearon los ánimos. Argumentando que la zona del lado lohizundarra está más a mano para los consumidores y que es más apropiado para la venta que la de Ziburu, que «además, -matiza Mathilde Ubera de Logicoop- es una zona técnica con acceso restringido para el público», los pescadores siguieron vendiendo en el antiguo local.

La CCI, al ver desatendidos sus requerimientos, interpuso una demanda judicial urgente alegando «ocupación ilegal de locales» y el Tribunal de Baiona le dio la razón, estableciendo una multa de 150 euros por día de ocupación a la cooperativa y otros tantos a cada uno de los pescadores que utilice el local.

Pero el tira y afloja entre unos y otros no ha cesado ya que los pescadores, aunque no ocupen los locales, venden ahora su pescado en el mismo muelle. Ramuntxo Iturrioz y Mathilde Ubera no escondían su enfado e incomprensión «por la osadía de un concesionario de llevar ante los tribunales a pescadores que no intentan más que garantizar unos ingresos dignos por el fruto de su trabajo».

El director de la CCI, Bernard Darretche, también ha manifestado su incomprensión, pero, en su caso, por la negativa de los pescadores de Logicoop a utilizar las carpas de Ziburu que considera aptas para la venta directa, como lo demuestra, a su entender, que otros pescadores lo han hecho ya con buenos resultados.

Razones más profundas

No obstante, el enfado de los pescadores por éste y otros temas -negativa del Consejo portuario a subir las tarifas del hielo, servicio del que se encarga Logicoop, funcionamiento y modo de toma de decisiones que afectan a la pesquería, creación por parte de la CCI de servicios paralelos a los de la cooperativa para intentar quitárselos...- no ha hecho más que aumentar. Por su parte, la CCI replica que el pretendido hostigamiento hacia la cooperativa no existe y que su gestión está orientada a modernizar los servicios y la actividad del puerto.

Así las cosas, la única salida que se vislumbra para desbloquear el conflicto es la de que el propietario del puerto, el Consejo General de los Pirineos Atlánticos, con quien se han reunido los pescadores y que, según Iturrioz, «está desde hace tiempo al corriente de estas anomalías», se constituya como mediador entre las dos partes. También solicitan una reunión extraordinaria del Consejo portuario para dirimir la cuestión de la venta directa.

Pero más allá de este asunto puntual, es evidente que, en el fondo, lo que transciende es el choque entre dos modelos de gestionar la pesquería y para que puedan cohabitar en el único puerto pesquero de Ipar Euskal Herria hará falta, sin duda, mucha buena voluntad por parte de todos las partes implicadas.