Pese al rechazo en la Asamblea Nacional -la votación se hizo a mano alzada y en ausencia de la mayoría de los diputados-, el Gobierno francés ha anunciado que presentará de nuevo el texto el 28 de este mismo mes. Un texto con el que se busca colocar a la legislación francesa entre las más severas del mundo y que atenta, según sus detractores, contra las libertades y la vida privada.

Los internautas lo tienen claro, aunque no tanto el mundo de la cultura. Mientras la Federación Internacional de la Industria fonográfica (IFPI) consideraba que el texto francés debía ser «un ejemplo para el resto del mundo», algo que apoyaban unos cuarenta cineastas, como Bertrand Tavernier o Costa-Gavras, por contra, a principios de abril trece figuras del cine, entre las que se encontraban Catherine Deneuve y Victoria Abril, pedían que se retirara.

La ley francesa enmarcaría en el mismo calificativo de «piratería» a todas las descargas. Ese es el quid de la cuestión, según el presidente de la Asociación española de Internautas (AI), Víctor Domingo, quien valoraba ayer que la primera condena a prisión a un internauta en el Estado -un joven de 22 años, condenado en Logroño a seis meses de prisión- por lucrarse mediante una página web que ofrecía enlaces para descargar contenidos con derechos de autor establece «una línea divisoria» entre un «acto delictivo» y «compartir archivos sin ánimo de lucro». «Hay que separar piratería y compartir. La condena establece que una cosa es delito y la otra no. Lo que es preocupante es que el Gobierno y el ministerio de Cultura lo confundan», reprochó.