Agosto de 2006. París. Albertine Sow, embarazada de siete meses, baja al portal para saber por qué la policía está arrestando a su primo. «Lárgate o te meto un puño en la boca», fue la sugerente imprecación de un atento agente de Policía. La ingenua Albertine, desconocedora sin duda del profundo sentido de esas palabras, insistió. Y, claro, se llevó el puño. Su hermano, que justo había llegado al lugar, le preguntó si sabía que estaba pegando a una embarazada. «Jefe, ¿le gaseo?». «Afirmativo». El chaval acabó llorando por los palos y por el gas, mientras que su hermana, esposada, terminó perdiendo el conocimiento.

Hubo denuncia, pero la IGS, la «Policía de las policías», decidió que Albertina «generó la situación que ella misma denunció». Incluso fue condenada a un mes de cárcel por «violencia en reunión» contra agentes de Policía. En reunión; ella y su peligrosa barriga contra agentes armados con porras, pistolas y gas lacrimógeno... En fin.

El ejemplo es uno de tantos que cita Amnistía Internacional en su último informe sobre Francia, un documento que habla de torturas y de impunidad, minucias de las que algo se sabe por estos pagos. La última, dos de los abogados de TAT van a ser juzgados por hacer público el testimonio de torturas de un detenido. Y da igual que AI, la CPT, la ONU o un reciente informe del Gobierno de Gasteiz sostenga que las torturas no son fabulaciones. Se niega y reniega, y si alguien insiste en denunciar, se le da la vuelta al calcetín y se le denuncia. «Fue el detenido quien atizó con su cara el puño del agente, señoría». Y luego se extrañan de que haya quien tire el calcetín y se ponga una media en la cabeza.