Nombrar Babcock Wilcox, después Babcock Borsig, es sinónimo de irregularidades. Esta empresa de bienes de equipo pasó a manos públicas a finales de los años setenta y a final de los ochenta estuvo llamada a liderar el sector vasco de bienes de equipo, pero fracasó la operación de integración con Mecánica de la Peña (Mecapeña). En su última fase fueron públicas y contaban con una plantilla próxima a los 2.500 trabajadores. La diferencia entra ambas estribó en que Babcock dependía del Gobierno español y Mecapeña, del Gobierno de Gasteiz, por lo que se considera que fueron razones de «índole político y de control» las que llevaron a vía muerta esa unión empresarial para fortalecer un grupo vasco, lo que de manera indirecta favoreció a la compañía privada española Duro Felguera.

Desde 1997, Babcock entró en un proceso de privatización, que se demoró en el tiempo y que doce años después no ha solucionado nada. El último capítulo de esta larga lista de irregularidades lo sacó a la luz este diario, ya que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid obliga a readmitir a los 258 trabajadores de Babcock Borsig, tras la compra de la compañía por el grupo ATB. Se calcula que pagó 100.000 euros, cuando se estima que el patrimonio actual de la empresa sobrepasa los 70 millones de euros. Fue en el año 2004, tras el fracaso de la primera privatización.

El grupo austriaco, con la colaboración de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y la aquiescencia de CCOO y UGT, decidió llevar adelante un expediente de regulación para 258 trabajadores, con lo que la plantilla de Babcock quedó reducida a menos de 400 trabajadores, cuando en 2002 tenía 1.200 empleados. Sin embargo, el expediente de 2004 no contaba con algo trascendental: el plan de viabilidad de ATB. El Gobierno de Gasteiz rechazó el expediente, porque no tenía el aval del plan de futuro, mientras que en Madrid, la dirección de la empresa, los representantes del Gobierno español y los dos sindicatos dieron el visto bueno a la operación, después de que la empresa añadiera un plan de intenciones, lejos de ser un plan de viabilidad y «sobornara» a diferentes miembros del comité de empresa con mejores condiciones en la prejubilación y en sus futuras pensiones. El Gobierno español tenía prisa por deshacerse de la empresa, porque en caso de no prosperar el proceso, la compañía volvería a manos públicas.

Un grupo de trabajadores recurrió esa decisión y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid les ha dado la razón: Babcock Borsig deberá readmitir a los 258 trabajadores. Este hecho genera un problema importante, dado que la situación económica y financiera de Babcock es «tremendamente delicada», pero el abogado de los trabajadores ha reconocido que pedirá que se ejecute la sentencia, aunque sea de forma provisional, debido a que el Gobierno español quiere recurrir y dejar sin efecto el fallo hasta que el Tribunal Supremo decida sobre el recurso del Abogado del Estado.

En ese proceso, como más tarde se supo, la SEPI acordó con representantes de CCOO, UGT y ELA un acuerdo que beneficiaba en las prejubilaciones a delegados y a empleados que habían mostrado buena disposición con la empresa. La historia de Babcock indica que «siempre se han tapado los conflictos con dinero». La razón es que el Gobierno español siempre ha negociado a parte con CCOO y UGT, mientras que ha mantenido al resto del comité alejado de las decisiones directas. Representantes de ambos sindicatos participaron el el consejo de administración de la primera privatización, con Babcock Borsig Power, una empresa alemana, que culminó en noviembre de 2002, aunque en junio de 2003 se declaró en quiebra la alemana. Diferentes investigaciones demostraron que se encontraba en suspensión de pagos en el momento de la compra. Entonces, se dijo que había pagado 45 millones por Babcock, aunque quedó demostrado que no se acercó ni con mucho a esa cantidad. De hecho, ATB pagó en la segunda privatización en 2004 unos 100.000 euros.