El fiscal dice que Laffage murió ahogada tras sobrevivir a un primer ataque
Nagore Laffage fue ahogada dos veces por José Diego Yllanes, según ha concluido la Fiscalía. Tras negarse a tener relaciones sexuales, éste le apretó del cuello y la dejó sin respiración. La joven se rehizo más tarde y telefoneó al 112; entonces fue estrangulada definitivamente.
GARA |
El proceso sobre el crimen de la joven de Irun Nagore Laffage que sobrecogió a la sociedad vasca el 7 de julio del pasado año camina por fin hacia el juicio. Después de las movilizaciones de la familia para mostrar su preocupación, el caso se ha acelerado. Ayer se conoció el escrito de conclusiones del fiscal, que por primera vez aporta datos oficiales sobre lo ocurrido aquella madrugada. Confirma que la joven fue estrangulada después de negarse a mantener una relación sexual con el joven José Diego Yllanes, médico de la Clínica Universitaria de Iruñea.
Dadas las características del hecho, la Fiscalía imputa al joven «asesinato» y no «homicidio», lo que eleva su petición de cárcel a 20 años.
El caso fue catalogado desde el inicio como violencia machista, pero al contrario de lo que ha ocurrido en otros muchos casos hasta el momento no se había difundido detalle alguno sobre lo ocurrido. Incluso la familia Laffage Casasola desconocía cualquier extremo, lo que disparó sus temores de que no se haga justicia. En las concentraciones que ha realizado en Irun e Iruñea ha llamado la atención además sobre el hecho de que nunca hayan aparecido fotografías del médico.
El escrito del fiscal difundido ayer aclara los aspectos básicos del crimen y deja en evidencia tanto la motivación sexual como la brutalidad empleada. Así, la Fiscalía asegura que José Diego Yllanes golpeó a su víctima y le apretó el cuello «hasta privarle de respiración» después de haber desnudado a Laffage «de forma violenta» y de que ésta le indicara que «no quería continuar con esa conducta sexual».
Llamada de auxilio a las 10.04
El Ministerio Público detalla que tras este primer ataque la joven de Irun, que tenía apenas 20 años, «se quedó paralizada e inerme durante un tiempo no determinado, hasta que a las 10.04, tras localizar el teléfono móvil del acusado y valiéndose del mismo, logró llamar al número 112 de emergencias, donde fue recibida la llamada sin que pudieran actuar desde tal centro». Fue entonces, sigue el fiscal, cuando el joven le quitó la vida mediante estrangulación «al aprovechar la situación de absoluta indefensión [de Laffage], por hallarse semiinconsciente y aturdida, sin capacidad física para repeler la agresión».
Tras revelar estos aspectos, el fiscal confirma lo que sí era público y notorio desde el primer día: que el acusado introdujo su cadáver en bolsas y limpió el piso de la calle Sancho Ramírez para trasladar después el cuerpo hasta la localidad de Orondritz. Allí lo ocultó, pero la colaboración de un amigo al que José Diego Yllanes contó lo ocurrido permitió que el cadáver fuera hallado a las 17.45 de ese mismo 7 de julio.
El fiscal reclama para José Diego Yllanes una pena de veinte años de cárcel en concepto de «asesinato», además de una indemnización de 150.000 euros para los padres de Nagore Laffage Casasola por los «daños morales».
Asun Casasola, madre de Nagore Laffage, mostró su satisfacción con el dictamen del fiscal, pero planteó que todavía falta que el juicio sea «justo» y la condena, «acorde con el delito cometido». En este sentido, alertó ante la posibilidad de que se pueda intentar rebajar la pena impuesta alegando que el joven «era bueno o que sufrió enajenación mental» cuando, según recordó, Yllanes cortó un dedo a la joven -probablemente para dificultar su identificación-, «limpió el piso, llamó a un amigo, cogió un cuerpo muerto, que pesa el doble», y trató de esconder el cadáver.
Casasola mostró su agradecimiento a este amigo por «no echarle una mano», porque en caso contrario Nagore «estaría como Marta del Castillo [joven desaparecida en Sevilla], todavía estaríamos buscándola». «Lo tiene que pagar», expuso la madre de Nagore.
Indicó igualmente que no pide la pena de muerte ni la cadena perpetua, pero sí que la condena se cumpla de modo íntegro. «Tengo un hijo de 23 años y tiene que ver que hay justicia -afirmó Casasola-. Que no me digan que a los cinco años va a salir a calle». «Mi hija valía más de 20 años», añadió.
Plantea también que se imponga al acusado la «prohibición de acercarse a los padres de la víctima» por un tiempo añadido de cinco años. El juicio oral se celebrará en Iruñea y todavía no tiene fecha de inicio.
