La Conferencia de los Decanos de los Colegios de Abogados del Estado francés ha ofrecido su respaldo a sus homólogos de Baiona en el conflicto abierto en torno al derecho de defensa de los ciudadanos extranjeros. El Colegio de Abogados de Baiona denunció el 19 de marzo el traslado de los inmigrantes ilegales del centro de retención de Hendaia a Toulouse decretado por el pre- fecto de Pau, Philippe Rey.

La Conferencia de los Decanos ha declarado que se constata que esta elección viola claramente el principio de respeto de los derechos de la defensa. El Consejo de la Abogacía tomó esta decisión por unanimidad tras haber conocido los objetivos de esta práctica, que parece estar destinada a someter a las personas detenidas a una jurisdicción elegida por la Administración. El Consejo de la Abogacía también demanda que los procedimientos se establezcan dentro del estricto respeto de los derechos de la defensa.

El delegado del Gobierno francés en Pau tomó la decisión de enviar a los inmigrantes ilegales a Toulouse después de que los jueces de Baiona y de Pau establecieran una jurisprudencia según la cual todos los detenidos quedaban en libertad ya que en el centro de retención de Hendaia no cuenta con la infraestructura adecuada para grabar los interrogatorios.

Asociaciones de defensa

El Ministerio de Inmigración hizo pública la semana pasada la lista de los «suministradores de servicios» que desde el próximo 2 de junio se encargarán de defender a los extranjeros en los centros de retención. La asociación Cimade, que hasta ahora era la única que asumía esta responsabilidad, denuncia que «el Ministerio tiene como objetivo una lógica contraria a la protección de los extranjeros, ya que esta decisión confirma el desmantelamiento de la misión de acompañamiento y de defensa de sus derechos».

El Ministerio prevé confiar este trabajo a seis asociaciones diferentes que se verán obligadas a competir entre ellas, lo cual impedirá llevar su misión a cabo. La asociación Cimade denuncia que detrás de esta decisión se esconde «el objetivo marcado por el anterior ministro, Brice Hortefeux, de cumplir con las cuotas de expulsión».