La Fiscalía vigila si se planea una lista independentista para las europeas
El fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, anunció ayer que ya se han cursado las órdenes oportunas a la Guardia Civil para que investigue si la izquierda abertzale está preparando algún tipo de participación en las próximas elecciones al Parlamento europeo del 7 de junio. Según explicó, las investigaciones comenzaron en el mismo momento en que se produjo la convocatoria de los comicios con la intención de evitar su presencia en la Eurocámara.
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Evitar la presencia de la izquierda abertzale en cualquier tipo de elección sigue siendo una de las máximas obsesiones del Estado español. Ante la convocatoria de comicios al Parlamento europeo -cuyos plazos ya están corriendo- la Fiscalía General del Estado ha ordenado a la Guardia Civil que vigile los movimientos que puedan estar produciéndose en los ámbitos del independentismo vasco.
En el transcurso de una comparecencia ante los medios de comunicación, el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, anunció que «hemos abierto una diligencia de investigación en la Fiscalía del Tribunal [Supremo] inmediatamente después de que se hayan convocado las elecciones y hemos solicitado a la Guardia Civil» la elaboración de los informes oportunos.
En las pasadas elecciones al Parlamento Europeo el Tribunal Supremo prohibió la presentación en el Estado español de la candidatura Herritarren Zerrenda, que fue perfectamente legal en el Estado francés. La lista independentista obtuvo unos 120.00 votos en el conjunto de Euskal Herria, a pesar de que la abstención se situó en el 56%.
Persecución de ayuntamientos
Por otra parte, el fiscal general defendió la actuación del Estado en relación a la ilegalización de buena parte de las candidaturas municipales de ANV, aunque algunas lograran pasar el cedazo.
No obstante, Conde-Pumpido aceptó que existe «alguna laguna» en el proceso y defendió reformar la Ley de Régimen local «para establecer que es causa de disolución de ayuntamiento el hecho de que esté dirigido por un partido ilegalizado». Según alguna información publicada ayer, el Ministerio de Interior y la Fiscalía buscan motivos para disolver ayuntamientos gobernados por la izquierda abertzale, pero en los últimos seis meses no los han encontrado.
En las pasadas elecciones al Parlamento europeo se produjo la contradicción de que Herritarren Zerrenda fue prohibida en los cuatro herrialdes vascos del Estado español y fue legal en los tres herrialdes del Estado francés.
En su anuncio de que se estaban vigilando ya los movimientos de la izquierda abertzale ante las próximas elecciones autonómicas, el Fiscal General del Estado introdujo la explicación de que las investigaciones habían sido encargadas a la Guardia Civil porque en anteriores actuaciones contra candidaturas o partidos independentistas la Policía española no había colaborado.
La afirmación produjo sorpresa entre los asistentes a la conferencia del fiscal y el moderador pidió a Conde Pumpido que explicara su afirmación, a lo que éste contestó que «hago esta distinción porque cuando presentamos la ilegalización de ANV y el PCTV y cuando hemos presentado la impugnación de Askatasuna y D3M tuvimos que fundarnos en los informes de la Guardia Civil porque la Policía no atiende las indicaciones de la Fiscalía del Tribunal Supremo, sólo las del juez instructor». Según añadió, «la competencia para la impugnación corresponde a la Fiscalía del Tribunal Supremo por lo tanto es la que tiene que recibir directamente los informes que reclama de Guardia Civil y Policía». «En ocasiones no los hemos recibido», denunció.
Las palabras del fiscal general originaron un inmediato revuelo político y mediático. Los partidos de la oposición saltaron a pedir explicaciones o incluso su dimisión, como hizo Rosa Díez.
Sindicatos policiales, por su parte, desmintieron la acusación y exigieron a Conde Pumpido que rectificara sus palabras y al ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que saliera en defensa del cuerpo. Entre tanto, los agentes implicados enmarcaron las acusaciones en la «guerra» entre fiscales y jueces de la Audiencia Nacional por dirigir la instrucción de los casos.
La Dirección General de Policía y Guardia Civil hizo público un comunicado para «aclarar» que los informes de la Policía llegaron a la Fiscalía a través de la Audiencia Nacional.
A media tarde, el fiscal general, Cándido Conde Pumpido, compareció junto al director general de Policía y Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez, para explicar que había un «problema procedimental» que «ya se ha arreglado» y, por tanto, «no se producirá más».
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