No es habitual que los ciudadanos vascos imputados en alguna de las cientos de causas que tienen relación con el conflicto vasco reciban noticias positivas desde instancias judiciales españolas. Los tribunales especiales con sede en Madrid suelen producir literatura punitiva que bajo un lenguaje jurídico y un discurso seudogarantista promueven el conocido como Derecho del enemigo, con el que se juzga a las personas por ser quiénes son o representar lo que representan, no por unos hechos concretos.

Pero ayer la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenó repetir las diligencias en la causa económica abierta contra «Egunkaria» al entender que no se respetó el derecho a la defensa de tres imputados.

Sin embargo, en este terreno la indefensión en el caso de ciudadanos o colectivos vascos no proviene de fallos procedimentales, sino que parte de las decisiones políticas previas a la apertura de esas causas: la «ley antiterrorista» y la incomunicación, las torturas y la impunidad policial... y la censura, la censura contra medios vascos no por su idioma o sus finanzas, sino por sus líneas editoriales discordantes con el pensamiento oficial español o por su base popular ajena a grandes intereses mediáticos y políticos. Ése es el caso de «Egunkaria» y ése fue el de «Egin», Egin Irratia y el resto de medios cerrados.