Una asamblea informativa, a la que siguió una concentración en las escalinatas de la casa consistorial, se convirtió ayer en la primera movilización pública de las trabajadoras de los Servicios Sociales de Base (SSB) del Ayuntamiento bilbaino para denunciar su saturación y la necesidad de que el equipo de Azkuna articule soluciones rápidas.

El desarrollo normativo de los últimos tres años en materia social, unido a las consecuencias de la crisis económica, ha incrementado la demanda de unos SSB ya saturados. Las trabajadoras cifran en una media de 850 familias las que atiende cada una, con el horizonte de que esos números se disparen una vez que, en los próximos meses, los actuales parados dejen de percibir las prestaciones del Inem.

«Ahora la atención tiene una demora de entre uno y tres meses, agravándose aún más si por medio están las vacaciones que no se sustituyen», explicaron. Los retrasos irritan a los usuarios y provocan conflictos con los trabajadores.

Acusan a la dirección del Área de Acción Social, dirigida por el concejal jeltzale Ricardo Barkala, de moverse por criterios conyunturales y propiciar una dispersión de los recursos por diferentes puntos de la capital vizcaina. «Una persona mayor con dificultades, si no cuenta con hijos que le realicen las gestiones, podrá verse privada de recursos a los que tiene derecho», apuntan.

Al faltar esta coordinación, critican, se pueden generar más casos de errores en las evaluciones. «Muchos de los pensionistas que han tramitado el complemento de su pensión, con el tiempo, reciben una notificación de la Diputación para que los devuelvan sin explicaciones del por qué», manifestaron.

Equipo sin experiencia

Para las trabajadoras de los SSB, la falta de experiencia del concejal, capital de barco; el director, ingeniero; y el subdirector, veterinario, es una de las causas principales del rumbo «caótico» en el departamento. «Es un equipo impermeable a las sugerencias del personal administrativo y técnico del Área, que cuenta con una larga experiencia en la materia», lamentan.

Más grave es aún, denuncian, que el equipo directivo, «obviando que la CAV fue pionera en materia de servicios sociales, importe un modelo de organización de Sevilla, que cuenta con una realidad social y desarrollo normativo que nada tiene que ver con los nuestros y pretende ponerlo en marcha como proyecto piloto en Rekalde».

Este proyecto, relatan, consiste en charlas informativas, «de no más de diez minutos», se dejan a un lado las entrevistas individualizadas y el principio de confidencialidad de los casos. Este procedimiento, en su opinión, va a retrasar la tramitación de los expedientes y de las posteriores resoluciones.

También se critica que se haya cerrado el Servicio de Ayuda a Domicilio preventivo, al atribuir que estos casos deben de ser asumidos por la Diputación.