Pasados ya más de dos días desde que se produjo la operación policial de Montoriol, la situación de los tres vascos detenidos sigue caracterizada por el hermetismo total y por la presencia de elementos extraños, comenzando por el momento de la detención, en el que según los vecinos se escuchó un disparo. Medios como el diario local ``L´independant'' han difundido la imagen de algunas manchas de sangre en el suelo, pero ninguna fuente ha dado explicación alguna. Es más, el ministro Alfredo Pérez Rubalcaba dijo ayer que no le consta que hubiera habido ningún tiro. Los vecinos no vieron ambulancias.

Las dudas sólo podrán disiparse cuando se levante la incomunicación a los detenidos. A la confusión reinante contribuyó la decisión de la juez Laurence Le Vert de aplazar el traslado a París de Jurdan Martitegi, Alex Uriarte y una tercera persona que sería Gorka Azpitarte. Se daba por seguro que iban a ser llevados ayer, pero al mediodía cambiaron los planes.

La versión oficial ofrecida para ello consiste en que Le Vert quiere analizar primero el material confiscado a los detenidos, lo que en principio no debiera suponer ningún cambio de planes porque en cualquier caso lo habitual es que los detenidos no sean llevados al juzgado hasta que expira el plazo tope de incomunicación: 92 horas, es decir, cuatro días completos.

Sí se sabe, por contra, que los detenidos han sido interrogados en la comisaría de Montpellier no sólo por la Policía francesa, sino también por la española. Un portavoz francés lo confirmó a ETB, aunque matizó que los agentes españoles sólo intervinieron en las primeras horas o días, y posteriormente se marcharon. Sea como fuera, el caso es que París ha decidido que los tres vascos sigan por ahora en los calabozos de Montpellier.

Otro aspecto llamativo es el énfasis puesto ayer por las autoridades francesas en afirmar que los detenidos han sido visitados por un abogado «cada 21 horas». GARA se puso en contacto con sus letrados y éstos desmintieron completamente este hecho. Aseguraron que ni eso está previsto en la legislación ni ha ocurrido en otros casos anteriores de mucho menor impacto mediático y político. Por su parte, remarcaron que desconocen cualquier dato sobre la situación de los detenidos.

Madrid especula con objetivos

En contradicción con el mutismo existente en torno al modo de la detención y al estado de los arrestados, el Gobierno español y sus medios más cercanos han desatado las especulaciones sobre los objetivos de ETA.

Ayer, varios medios publicaron como mera «hipótesis» que los detenidos estuvieran ultimando algún atentado contra la investidura de Patxi López como lehendakari, prevista para la primera semana de mayo. Para ello se citaba la amenaza directa lanzada por la organización armada contra el futuro Gobierno del PSE en el comunicado emitido el Aberri Eguna.

Desde Londres, el ministro de Interior español, Alfredo Pérez Rubalcaba, dio por seguro ayer tarde que ETA tenía ese plan. Apoyó la tesis en dos argumentos. Por un lado, que «había un documento del cual se deduce que la pretensión de Martitegi era entregar un vehículo, en este caso una furgoneta probablemente con explosivos, a este comando a finales de mes». Por otro, que «ETA tiene la nefasta manía de querer estar siempre presente en los grandes acontecimientos de la vida política». De ello extrajo Rubalcaba la siguiente conclusión: «ETA podía haber utilizado la furgoneta en los días cercanos al debate de investidura». Al margen de ello, el ministro del Gobierno Zapatero utilizó el mismo latiguillo de los días precedentes: «O dejan las armas por las buenas o el Estado acabará obligando a ETA a dejar las armas. Si alguien quiere debatir sobre si se dejan las armas o no, ése es un debate pertinente, en el sentido bien entendido de que las dejan o las dejan».

La redada no sólo ha recibido el aval sin tapujos de formaciones como el PNV, sino también de instituciones como el Ararteko. Su titular, Iñigo Lamarca, indicó ayer que se «alegra profundamente» de las detenciones, argumentando que «la mayor vulneración de derechos humanos que se pueda imaginar es la que tiene como objetivo el derecho a la vida».

Arakama, libre

Si no existe dato alguno sobre los tres detenidos en Montpellier, otro tanto ocurre con los capturados en Euskal Herria. La única salvedad es la de Olaritz Arakama, joven detenida en la tarde del sábado en el barrio de Judimendi de Gasteiz. Ayer se confirmó que había quedado libre el domingo, sin medida cautelar alguna.

Siguen incomunicados en manos de la Policía española su compañero, Asier Ortiz de Guinea, Igor García, Jonathan Guerra, Sergio Bravo y Gorka Iriarte. Algunos medios afirmaron que ya han sido llevados a Madrid. Ayer no hubo constancia de nuevos registros, aunque toda la operación se está llevando a cabo con el mayor sigilo y sin informaciones oficiales.

El movimiento pro-amnistía expresó su alarma por la situación de los detenidos, y recordó el testimonio de torturas trasladado por uno de los últimos detenidos en Hernani. Para este organismo, la redada «da la medida de la borrachera represiva de los estados», no sólo por las detenciones producidas sino por las posteriores declaraciones de los mandatarios españoles. A ellos les recuerda que tras la muerte de Francisco Franco «más de 35.000 ciudadanos vascos han sido detenidos en relación al conflicto político. El año pasado fueron 390. Rubalcaba y sus acólitos siguen en su apuesta ciega por la represión, y tras cada operación nos aburren con la propaganda de guerra habitual en los gobiernos fascistas».

Frente a estas maniobras, subraya que la solución al conflicto «no vendrá del estado de excepción», sino de «los derechos democráticos». Y pide movilizarse para hacerle frente.