Macroproceso 18/98
La defensa expone que la sentencia de la AN se «sustenta en el vacío»
Los abogados de los 47 ciudadanos vascos condenados en el sumario 18/98 reclamaron ayer su libre absolución en la vista pública celebrada en el Tribunal Supremo para valorar los recursos presentados a la sentencia emitida por la Audiencia Nacional. La defensa alega que en la resolución del tribunal especial han sido vulnerados derechos fundamentales, que no se han respetado las garantías jurídicas y que no hay pruebas para sustentar las acusaciones.
Manex ALTUNA | BILBO
El Tribunal Supremo comenzó ayer a analizar los recursos presentados a la sentencia del macroproceso 18/98. La resolución fue emitida en diciembre de 2007 por la Audiencia Nacional española y condenó a 525 años de cárcel a 47 ciudadanos y ciudadanas vascas. Los abogados de los procesados reclamaron durante la vista pública celebrada en el Alto Tribunal la libre absolución de todos los condenados, ya que a su juicio en la sentencia no se aportan pruebas para sustentar las acusaciones y porque, además, no se han respetado las garantías jurídicas y han sido vulnerados derechos fundamentales.
El letrado Kepa Landa censuró que la sentencia «hace afirmaciones que están sustentadas en el vacío» y citó como ejemplo las acusaciones basadas en el «Proyecto Udaletxe». En la sentencia se asegura que KAS fue la encargada de elaborar un proyecto de financiación de ETA bajo esa denominación, pero según denunció el abogado no se ha aportado ningún movimiento económico ni documento que lo certifique y tampoco existe un sumario abierto en la Audiencia Nacional al respecto.
Landa pidió también al tribunal que no valore los informes periciales, ya que los policías debieron declarar como testigos en el juicio. La abogada Jone Goirizelaia, por su parte, explicó que la sentencia no recoge que cuatro de los imputados denunciaron haber realizado las declaraciones policiales tras haber sufrido torturas. Asimismo, alegó que se ha vulnerado el derecho a un juicio sin dilaciones indebidas, ya que las primeras diligencias se iniciaron en 1998 y se ha mantenido parado durante años.
Los letrados José María Elosua y Álvaro Reizabal sostuvieron ante el tribunal que no se han producido delitos económicos ni contra la Seguridad Social. En la sesión de tarde, el abogado Iñigo Iruin denunció que no existen pruebas para condenar por pertenencia y colaboración con ETA a los procesados ya que no se especifica qué actos habrían cometido.
Rebaja de condenas
La vista para analizar los recursos presentados en el Supremo se alargará hasta mañana. Será entonces cuando la Fiscalía haga públicos los razonamientos por los que ha decidido apoyar parcialmente los recursos de casación presentados por 33 de los 47 condenados. Asimismo, solicitará la libre absolución, por falta de pruebas, de cinco de los nueve condenados por su vinculación con la Fundación Joxemi Zumalabe: Sabino Ormazabal, Olatz Altuna, Alberto Frías, Mario Zubiaga y Mikel Aznar. En este sentido, ayer 500 voces dieron a conocer un manifiesto suscrito por políticos, artistas y organizaciones sociales catalanas en el que reclaman la libre absolución de los imputados por la Fundación Zumalabe.
El juez de la Audiencia Nacional española Baltasar Garzón decretó ayer la libertad bajo fianza del responsable de comunicación de Ezker Abertzalea, Peio Gálvez, el ex concejal abertzale en Donostia Iñigo Balda y la también militante independentista Karmele Aierbe. Los tres fueron detenidos en la operación policial desarrollada en febrero de 2008 por orden del propio juez Garzón y tuvieron que abonar 10.000 euros para salir de las prisiones en las que se encontraban encarcelados.
En total, en aquella redada fueron arrestadas 14 personas y se produjo un día después de que varios de los detenidos participaran en una rueda de prensa en la que se convocó una huelga general en protesta por la «represión judicial, política y policial».
Gálvez, Aierbe y Balda se encuentran procesados en el sumario abierto por Garzón contra 44 ciudadanos vascos a los que acusa de haber participado en el «frente institucional de ETA». La semana pasada citó a todos ellos en la Audiencia Nacional y sus defensas reclamaron al juez su puesta en libertad.
