Las defensas de los 47 condenados por la Audiencia Nacional española en el macroproceso 18/98 proclamaron ayer ante el Tribunal Supremo la inocencia de sus representados y, por lo tanto, reclamaron su libre absolución. La Fiscalía, según se ha filtrado a algunos medios, reconoce que en la sentencia del tribunal especial español se aplicaron las penas «en el máximo de lo posible» y, de esta manera, en algunos casos apoyará las peticiones de absolución o abogará por reducir las penas de cárcel impuestas, aunque en otros rechazará cualquier modificación de la sentencia.

No cabe siquiera especular con las razones que se esconden detrás del impulso de la Fiscalía al apoyar parcialmente las peticiones de las defensas. No merece la pena, porque sean cuales sean siguen el mismo patrón político que hizo nacer y crecer ese despropósito que ha sido el sumario 18/98. La única enmienda que cabe a este disparate jurídico es que, de una vez por todas, caiga la máscara tras la que apenas se esfuerza por esconderse la simple y llana aplicación del derecho penal del enemigo, la piedra de toque que el Estado español cree haber encontrado en su guerra contra el independentismo.