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La UE da de plazo hasta 2012 al Estado español para reducir su déficit por debajo del 3%

La Unión Europea ha confirmado el inicio de un procedimiento sancionador contra el Estado español por un déficit público superior al 3% y el plazo hasta 2012 para que lo reduzca por debajo de esa cifra.

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Los Veintisiete aprobaron ayer formalmente la apertura al Estado español de un procedimiento sancionador por su déficit excesivo y dieron de plazo al Gobierno hasta 2012 para reducirlo por debajo del 3% del PIB.

Los ministros de Finanzas de la Unión Europea (Ecofin) dieron su visto bueno a la propuesta de la Comisión Europea a principios de mes, en un encuentro informal celebrada en Praga, y ayer los titulares de Exteriores de la Unión Europea, en una reunión formal celebrada en Luxemburgo, se encargaron de la ratificación oficial de la decisión.

Las autoridades españolas tienen a partir de ahora un plazo de seis meses para notificar al ejecutivo comunitario las medidas que tiene pensado adoptar para reconducir el déficit.

Según el calendario establecido por Bruselas y ratificado por los Veintisiete, el Estado español deberá empezar a corregir el déficit ya el año que viene, siempre que la situación económica empiece a mejorar, con el objetivo de situarlo por debajo del umbral del 3% del PIB en 2012.

El año pasado y tras tres ejercicios consecutivos con superávit, las arcas públicas españolas tuvieron un saldo negativo del 3,8% del PIB.

Además, tanto la Comisión como el Gobierno español esperan que el déficit continúe por encima del límite que marca el Pacto de Estabilidad durante los próximos tres años debido al gasto comprometido en las medidas para hacer frente a la crisis económica.

Los Veintisiete también dieron su respaldo formal a la apertura de sendos expedientes por déficit excesivo al Estado francés, Grecia e Irlanda.

empezar a corregir

Madrid deberá comenzar a corregir el déficit ya el año que viene y dispone de un plazo de seis meses para presentar a la Comisión Europea las medidas que piensa adoptar para adaptar el déficit a la exigencia comunitaria.

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