La detención de ocho de los condenador por la Audiencia Nacional en el marco del macrosumario 18/98, entre ellos el trabajador de este diario Iñaki Zapiain, no hace presagiar nada bueno sobre el sentido final de la resolución que ha de tomar el Tribunal Supremo con respecto al recurso de casación presentado por la representación legal de los procesados. Todo indica que el alto tribunal español confirmará la mayor parte de las sentencias, absolverá sólo a nueve de los procesados (la mayor parte de ellos han pasado meses en la cárcel) y concederá a otros una ligera rebaja en las penas.

Aún a falta de conocer el auto definitivo, los arrestos vienen a preludiar la confirmación del imperturbable impulso político que en todo momento ha dirigido una operación mediática, policial y judicial dirigida contra un numeroso grupo de ciudadanos vascos cuya única responsabilidad ha sido la de trabajar en favor de los derechos de Euskal Herria. La citada absolución de nueve procesados, comunicada ya por el Supremo a la Audiencia Nacional, y los matices introducidos por la Fiscalía, en forma de petición de reducción de condenas, no es sino muestra de la dimensión del disparate judicial perpetrado a lo largo de todo el sumario, desde el mismo inicio de su instrucción, hasta la firma del veredicto.

Un disparate que ante la sociedad vasca ha quedado meridianamente demostrado, pero que ni jueces ni políticos están dispuestos a enmendar por las sólidas imbricaciones de este caso en la ingeniería diseñada desde los poderes del Estado español para conducir a una parte importante de la ciudadanía vasca al ostracismo político. Sólo ahora, cuando esa ingeniería ha fructificado en el apartheid de la izquierda abertzale y el desalojo del nacionalismo de Ajuria Enea, se permiten matizar. Pero lo hace en términos que se circunscriben al terreno jurídico más técnico, sosteniendo en pie, sin embargo, el argumentario político que promete mantener en la cárcel a buena parte de los procesados. Sin duda, un nuevo paso en la dirección opuesta a la única que puede devolver el conflicto a las vías de resolución.