LAB denunció ayer en Bilbo la diferencia de trato y la discriminación que se está produciendo en el escenario económico de Hego Euskal Herria, ya que se habilitan enormes cantidades económicas para atender el colapso financiero que tienen las empresas, bancos y cajas, mientras que no se produce esa diligencia ni rapidez en la llegada de recursos económicos a los más necesitados de esta sociedad, desde los pensionistas a los parados y quienes se encuentran en la pobreza.

En estas fechas en que se inicia la declaración de la renta, Rafa Izquierdo, secretario de Política Económica, Bea Martxueta, secretaria de Política Social, Carlos Ruiz y Txaro Usandizaga, del área de Jubilados y Pensionistas de LAB, reconocieron la desiguladad que se produce en el tratamiento del IRPF entre quienes más recursos económicos tienen y los que menos, lo que está generando un fraude enorme, sin que las haciendas forales actúen para erradicarlo.

«Las rentas salariales declararon, según el último informe integrado de la Hacienda vasca, 19.700 euros anuales, mientras que los rendimientos por la actividad económica y empresarial se situaron en 12.300 euros anuales», precisó Izquierdo, quien añadió que «va contra el sentido común» porque los trabajadores declararon unos ingresos superiores a un 61% de los empresarios.

Progresividad fiscal

Para el responsable sindical, «es imprescindible que se modifiquen las normas fiscales y se ponga fina a la ingeniería fiscal, que permite la elusión fiscal». Por lo que insistió que es necesario «un cambio radical en la política fiscal para que recobre la progresividad que tenía a hace unos años en el que las rentas altas», ya que en la actualidad los rendimientos de trabajo tributan en su escala menor al 23% y, en cambio, los empresariales lo hacen al 18%. También se refirió a situar al Impuesto de Sociedades en tasas superiores al 28% y 24% actual y que vuelva a escena el Impuesto de Patrimonio, que ha sido eliminado.

Tras explicar que en la presión fiscal y en protección social, Hego Euskal Herria se encuentra a la cola de la Unión Europea, Bea Martxueta apostó por el reparto de la riqueza y recordó la discriminación económica actual que «entra mucho dinero a cajas, bancos y empresa y no se ayuda las bajas pensiones que tienen que soportar los jubilados vascos».

La responsable del área de Política Social aseguró que la reforma de las pensiones es «impresentable y bochornosa», porque no se entiende que «se nos quiera añadir años de cotización para calcular la prestación futura, ni que se eleve la jubilación a los 67 años, pero, a cambio, se permita a los empresarios que reduzcan las cotizaciones a la Seguridad Social». Lamentó que muchos ciudadanos vascos deben vivir con una pensión media entre 550 y 800 euros mensuales, lejos del umbral de la pobreza que supera los 1.000 euros para Euskal Herria. «Si hay dinero para bajar las cotizaciones, también debe haberlo para mejorar las pensiones y garantizar un sistema público de pensiones, después de décadas cotizando al mismo». Martxueta criticó con dureza que los grupos políticos estén beneficiando de forma directa al sector privado de las pensiones al transmitir incertidumbre sobre el futuro de las pensiones públicas.

También pidió servicios sociales universales y públicos, porque «en este caso, las administraciones públicas están entregando ese servicio a las empresas privadas para que hagan negocio».