Más de cuarenta colectivos y asociaciones han mostrado su respaldo al manifiesto que bajo el título «No a la tortura. No a las ilegalizaciones. Sí al posible desarrollo de todos los proyectos», denuncia el arresto de una veintena de jóvenes navarros y la inclusión de otros 25 en una lista de «personas que pueden ser detenidas en cualquier momento».

Las asociaciones firmantes, que van desde coordinadoras culturales de barrios iruindarras a sindicatos o movimientos feministas o ecologistas, exigen al Estado español que derogue laley que posibilita la incomunicación, «como medida eficaz para acabar con la tortura».

El escrito también hace incapié en la necesidad de respetar derechos elementales como los de asociación, reunión, manifestación o expresión, para lo que solicita la nulidad de las leyes que permiten la ilegalización de organizaciones sociales y políticas.

En último lugar, el documento pide al Estado español que permita la posibilidad de desarrollar en igualdad de oportunidades y condiciones cualquier proyecto social, cultural, o político,«sin más topes que la capacidad de cada cual para sacarlos adelante».

Todas las organizaciones, además de suscribir el documento, han mostrado su adhesión a la manifestación que bajo el mismo lema partirá el próximo 16 de mayo desde los cines Golem de la capital navarra.

En la comparecencia de ayer, en la que participaron los representantes de los agentes firmantes así como familiares de los arrestados, recordaron que desde que el 24 de agosto comenzara el operativo policial han sido 22 los jóvenes arrestados en Nafarroa bajo la acusación genérica de pertenecer a Segi, Ekin o de participar en actos de kale borroka. De ellos, 18 fueron incomunicados, 15 denunciaron haber sufrido torturas y tres tuvieron que pasar incluso por el hospital. La mayoría de los arrestados continúan aún encarcelados a cientos de kilómetros de sus hogares.

Además, la Policía española «ha construido imputaciones» y ha realizado una lista con los nombres de otras 25 personas «que pueden ser detenidas en cualquier momento».

Pese a que la versión oficial los tachaba de «peligrosos terroristas», todos los jóvenes involucrados en este operativo son, a juicio de todos los firmantes, personas «activas y trabajadoras» que desarrollan un« trabajo público para construir una sociedad más justa».