Este año se cumplen 25 años de la primera reforma del mercado laboral. Se han producido hasta cinco importantes cambios en la normativa laboral en ese periodo, concretamente en 1984, 1994, 1997, 2001 y 2006, y estamos a las puertas de la sexta. Antes, con la aparición del Estatuto de los Trabajadores, se produjo una serie de recortes en los derechos de los trabajadores en 1980. En todos estas modificaciones, las condiciones de trabajo se han visto perjudicadas: aumentó la precariedad laboral, se modificaron a la baja las prestaciones por desempleo y hubo recortes en las prestaciones por bajas por enfermedad profesional; se abarataron los costes por despido; se crearon los contratos de aprendizaje, la mayoría en fraude de ley; y, entre otros muchos cambios, se ampliaron los años de cotización real a la Seguridad Social, de quince a diecisiete años y medio, para tener derecho a una pensión.

En realidad, todas las modificaciones han sido un losa más contra la clase trabajadora, que ha salido perdiendo mucho. En este momento, en plena crisis económica, los empresarios quieren más desregulación del mercado laboral para despedir con facilidad y más barato. Lo llaman «contrato único con indemnizaciones por despido a coste creciente»; que los salarios no se incrementen por encima de la inflación, aunque las empresas obtengan enormes beneficios económicos, y que los convenios colectivos estén controlados a nivel estatal para que la acción sindical no genere diferencias importantes entre territorios y en zonas que no controlan. También quieren una casi eliminación total de las cotizaciones y, a nivel fiscal, pagar menos impuestos. Son elementos que ya se producen, por lo que de profundizarse en esa línea los empresarios y grandes empresas no pagarían impuestos.

Al fin y al cabo, como reconocen ELA y LAB, que encabezan la convocatoria de la huelga general del próximo día 21, se trata de echar sobre la espalda de los trabajadores las consecuencias de la crisis económica que no han generado los asalariados y sí, en cambio, el poder financiero, económico y empresarial, que es el que más ayudas del sistema público está obteniendo. Mientras, los trabajadores engrosan las listas de paro y aumentan las personas en exclusión y en la pobreza. La historia se repite en este cuarto de siglo de forma gradual. En cada una de las reformas, se ha profundizado en una pérdida de derechos de la clase trabajadora. Isabel Otxoa, profesora de la UPV-EHU, realizó un informe sobre «El recorte de derechos en las reformas laborales», que publicó la Fundación Manu Robles-Arangiz, en el que afirma que «la empresa flexible abarata costes, ajustando al máximo su actividad a la demanda de cada momento. Para ello, reduce su plantilla a la mínima expresión, pero a la vez necesita dotarse de amplias posibilidades de utilizar trabajadores que, sin pertenecer a su núcleo estable pueden ser contratados y despedidos ágilmente». Ahora, quieren más.

1984, primera reforma

En este sentido, Otxoa recuerda que «esta forma de gestión ha requerido en el pasado procesos de expulsión de la mano de obra considerada excedente, y en el futuro también convierte la inestabilidad en el empleo en un elemento estructural». De hecho, «en el marco físico de la empresa, la propia condición asalariada se relativiza y difumina a través de la imposición de fórmulas de prestación de servicios que encubren frecuentemente una relación laboral: personal becario, en prácticas, faltos autónomos y otros». La primera reforma se aprobó en 1984 y contó con el apoyo inicial de UGT. Permitió ampliar los contratos laborales de duración determinada y su extensión en puestos estables. Fue la primera vez en que se introdujeron elementos de flexibilidad que no estaban reconocidos en el Estatuto de los Trabajadores, elaborado en 1980. Provocó una rotación elevada de parados.

En 1992, se aprobó la Ley de Medidas Urgentes sobre Fomento de Empleo y Protección por Desempleo, que redujo las prestaciones por desempleo, así como su acceso. En este momento, las oficinas del Inem acogen, con datos cerrados de marzo, a 159.401 desempleados en Hego Euskal Herria. En un año, 53.287 personas han engrosado las listas del paro, lo que supone un incremento del 50%, y en la actualidad la tasa de desempleo se encuentra en el 11,6% que, aunque es menor a la media española, es una de las tres más altas de las diferentes regiones de la Unión Europea. Es el porcentaje más elevado desde el año 2000. Otro dato que va en consonancia con esas reformas laborales es que 57.476 personas en paro no reciben prestación económica ni subsidio alguno.

En la segunda reforma laboral de 1994 se dio paso a la rotación elevada de los contratos de trabajo, con la aparición de las empresas de trabajo temporal, que mantienen una captación en el mercado laboral vasco del 24% de la contratación temporal, por encima de los 180.000 contratos temporales anuales.

Isabel Otxoa señala que se alargó el período de prueba de los nuevos contratados de quince días a dos meses, «para el personal no cualificado se multiplicó por cuatro la posibilidad de la empresa de prescindir de un trabajador sin más explicaciones». También da cuenta de un problema adicional como es «la falta de intervención de la autoridad en el control de la contratación temporal irregular», dejando al trabajador en la necesidad de acudir a los juzgados para lograr la estabilidad del puesto de trabajo. En esta reforma se profundizó en el proceso de temporalidad.

Las administraciones públicas y los empresarios se dieron cuenta de que para reducir las enormes tasas de paro que arrastraba el mercado laboral vasco había que permitir la rotación del empleo, antes ya se habían mermado las condiciones de acceso a las prestaciones. Esta reforma fue posterior a la dura crisis económica de 1993. Entonces, los empresarios lograron también que se les permitiera que los nuevos trabajadores «no entraran a la empresa con las mismas condiciones ni de trabajo ni de salario, ni de mejoras sociales, creando trabajadores de primera, segunda y tercera clase». Esta situación se ha mantenido en el tiempo. Así ha ocurrido que Hego Euskal Herria tiene una tasa de temporalidad que casi duplica a la media europea, ya que se encuentra alrededor del 28%, frente a un 15% de la UE.

Sin estabilidad laboral

Aunque sus firmantes aseguran que las diferentes reformas se realizan para conseguir la estabilidad temporal, ninguna lo ha conseguido. Menos en esa de 1994, porque más del 90% los contratos fueron temporales. Esa tasa se mantiene en este momento, lo que demuestra que la precariedad laboral sustituyó en buena parte al paro, pero en la etapa de crisis actual se demuestra que ese empleo es el primero que se pierde, después los de los expedientes de regulación. Las pretensiones de los empresarios son, sin duda, llegar a la extensión de los contratos de trabajo a esos niveles para que no tengan impedimento, cuando llegue otra crisis, en deshacerse de quienes les estorban para mantener los beneficios económicos que han decidido de manera previa.

En 1997, se produjo la tercera reforma pactada. Contó con un acuerdo amplio entre los sindicatos UGT, CCOO, la patronal y el Gobierno español. Se redujeron los costes del despido y se introdujo un nuevo contrato indefinido más barato en caso de que la empresa se desprendiera de él. Tal es así, que el Banco de España recoge entre sus estadísticas que los costes de indemnización por despido en 2008 se encuentra en los niveles más bajos de los últimos siete años. Así se establece que el coste medio por despido alcanzó los 8.190 euros, un 12,26% inferior al coste de 2007.

Este empeoramiento de las condiciones de trabajo, del salario y de la contratación laboral llevó a la mayoría sindical vasca a convocar en 1999 una huelga general, para hacer frenar a la patronal y al gobierno y reivindicar la jornada laboral de las 35 horas.

De 2002 a 2007, la indemnización por trabajador despedido se mantuvo en torno a los 9.000 euros de media, pero en 2008 se redujo a 8.190 euros. El efecto de la temporalidad y la precariedad, unido a esa reforma del coste de despido a la baja para favorecer a los empresarios ha ofrecido los datos que la patronal necesitaba, aunque en este caso todavía quieren que sea más barato. En ese período de siete años, en el año 2004 el coste medio se situó en 11.3210 euros por trabajador despedido, es decir, 3.180 euros más que en 2008, lo que da una muestra de que esa combinación de reducción de la cuantía con el incremento de la temporalidad perjudica al trabajador.

La cuarta reforma se realizó en 2001 y empeoró las condiciones de contratación. En protesta se realizó una huelga general el 19 de junio en Hego Euskal Herria y otra el 20 de junio en el Estado español. La más reciente modificación se firmó en junio de 2006 y apostó por apoyar de forma económica la conversión de contratos de trabajo temporales en indefinidos. Su resultado es bastante bajo porque, para llevar adelante esa operación se destinaron más de 4.500 millones en ayudas a los empresarios, y, sin embargo, la tasa de temporalidad en Hego Euskal Herria apenas se ha reducido y los contratos de trabajo temporales siguen superando el 90% del total, según recogen los datos oficiales.