En el año 2002 llegó al Ayuntamiento de Eguesibar una propuesta del Grupo Empresarial Aricam para construir un aparthotel en una parcela de la urbanización Gorraiz que estaba calificada como «escolar», por lo que sólo se podía construir alguna dotación educativa. El asesor legal municipal, Jesús Marco, y la arquitecta municipal, Nuria Alas, emitieron informes favorables a la construcción del aparthotel, y en ellos se escudó Ignacio Galipienzo para seguir adelante con la operación.

Se da la circunstancia de que en ese momento Galipienzo trabajaba para la empresa Aricam, e incluso participó en la venta de la parcela «escolar». Un socio y amigo suyo, José Luis Ruiz, llevó a cabo las negociaciones, pero el entonces alcalde de UPN se llevó la mayor parte de la comisión: 138.233 euros frente a 18.000 euros de su socio.

Además del asesor y de la arquitecta municipal, a causa de aquella operación, también van a ser juzgados en este mismo proceso el director general de Aricam, Luis Galo, y el consejero de este mismo grupo empresarial, Emilio Izquierdo. La séptima persona que se sentará en el banquillo es Conchita Flores, propietaria de Construcciones Flores, dueña del solar «escolar» que fue vendido para construir el aparthotel.

La Fiscalía acusa a Ignacio Galipienzo de un delito de «negociaciones prohibidas a funcionarios», por lo que pide una multa de 10 meses con cuota de 50 euros/día y 3 años de suspensión de empleo o cargo público de alcalde.

También le acusa de un delito de «prevaricación urbanística de funcionario», por lo que solicita 18 meses de prisión y 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público de alcalde. Del mismo modo, el fiscal pide pequeñas multas y suspensión de cargo público o inhabilitación para José Luis Ruiz y Nuria Alas.

Por su parte, la Hacienda Tributaria de Nafarroa denuncia que Galipienzo y su esposa, Eva Iglesias, no declararon durante 2002 y 2003 en torno a un millón de euros obtenidos durante la actividad del ex alcalde como promotor inmobiliario. Esta cantidad la ingresaron a través de las sociedades RMA y EGDU.

Por este motivo, la Hacienda navarra considera al ex alcalde de Eguesibar y su esposa «deudores de los incrementos injustificados de patrimonio y de las liquidaciones tributarias a que, en su caso, puedan dar lugar las comisiones recibidas, en metálico o en especie».

En este caso también se personaron el Ayuntamiento y Aralar. El primero acusa de un delito de «negociaciones y actividades prohibidas» a Galipienzo, como autor, y a José Luis Ruiz como cooperador necesario, y a ambos de «prevaricación» en esos mismos grados.

Por su parte, Aralar acusa de un delito de cohecho a Galipienzo, Flores, Izquierdo, Galo y Ruiz, y como cómplices del mismo delito a Alas y Marco.

Curiosamente, no ejercen la acusación los siete concejos de Eguesibar, que fueron quienes denunciaron el caso. Argumentan falta de confianza en la Justicia, debido al gran retraso en juzgar unos hechos que se conocieron hace cinco años y medio, y dificultades económicas para afrontar el proceso judicial.

Ni imágenes ni fotografías

La vista oral por este caso, que comienza hoy en el Palacio de Justicia de Nafarroa, se desarrollará a lo largo de cinco sesiones y contará con el testimonio de 56 testigos.

A petición de uno de los abogados defensores, el juez ha prohibido grabar imágenes y realizar fotografías en el interior de la sala donde se celebrará la vista oral.