Acostumbrada a leer majaderías en la prensa española cuando de opinar o informar sobre Euskal Herria se trata, resulta gratificante dar de vez en cuando con una perla negra. Ayer, en «Diario de Córdoba», Salvador Buades explicaba a sus paisanos algunas de las cosas que, en verdad, pasan por estos pagos.

Hablaba Buades de las elecciones que han llevado a Patxi López a Ajuria Enea y denunciaba que «en la inmensa mayoría de los casos, las reflexiones, los análisis, las consideraciones y los comentarios que han manifestado no se han parado lo más mínimo en tener en cuenta que la superioridad de los intitulados `constitucionalistas' se produce como resultado de una componenda que, ciertamente, han conseguido dotar de `legalidad', por desatinada que pueda parecernos». Verdades como puños, como pueden comprobar.

Dice más el lúcido columnista: «a cualquier estudio o razonamiento medianamente serio de los resultados electorales no se le puede escapar que lo que se está produciendo se debe al escamoteo táctico de más de cien mil votos de la izquierda abertzale ilegalizada, con los cuales hubieran obtenido siete escaños en el Parlamento Vasco». Y de ese dato saca conclusiones: «la opción política apartada del debate electoral, seis años después de la primera ilegalización -aunque hayan obtenido 50.000 votos menos que en 2005-, ha conseguido que más de cien mil personas continúen yendo a votar cuando se les reclama, no obstante sepan a ciencia cierta que su voto no va a servir para nada», y que «los derechos de estos ciudadanos que se sitúan en los sectores cercanos a las candidaturas ilegalizadas, han sido vulnerados con una privación comportada, aún a regañadientes, por el gobierno vasco del tripartito». Y ahora la puritita verdad, ya lo verán: «Es verdad, y por eso cabe señalarlo, que los partidos integrados en el gobierno de Ibarretxe se han desgañitado con sus continuas manifestaciones de rechazo por la aplicación de la `Ley de partidos'. Sin embargo ahora pagan las consecuencias de no haber hecho algo más ante una ley concebida y respaldada por socialistas y populares que amparándose en la lucha antiterrorista, ha menoscabado las características fundamentales de un Estado de Derecho». Escupieron al cielo y les cayó en la frente.