En el occidental Estado brasileño de Mato Grosso do Sul cada diez días se suicida un joven indígena. Este hecho es atribuido, en principio, a la falta de tierras y de oportunidades.

El último joven que se ahorcó -es el método de suicidio que prevalece- tenía 20 años y era empleado de un ingenio de caña de azúcar, una fuente de trabajo externa y culturalmente ajena a las comunidades de la zona, pero que se ha convertido habitual para muchos de los jóvenes de la etnia guaraní kaiowá, ante la falta de opciones de supervivencia en sus propias aldeas realizando quehaceres tradicionales.

Tras Amazonas, es en Mato Grosso do Sul donde se concentra la mayor cantidad de indígenas de Brasil, unos 70.000, la mayoría guaraníes kaiowás.

Un informe del Consejo Indígena Misionario (CIMI) advierte de que si no se toman medidas inmediatas tendrá lugar un nuevo genocidio indígena en el siglo XXI. Señala que en Mato Grosso do Sul se suicidaron seis indígenas desde enero (40, desde enero de 2008). Destaca que todos los suicidios y 70% de las muertes violentas de indígenas -60 en todo el país- ocurren en ese Estado y concluye que el aumento de suicidios evidencia un cuadro de autodestrucción provocado por la precaria y violenta realidad que viven.

Todas las formas de violencia en Brasil y particularmente en Mato Grosso do Sul están vinculadas directamente a la propiedad de la tierra, afirmó Saulo Feitosa, secretario adjunto del CIMI. Esa situación tiene que ver con las constantes disputas de tierras entre indígenas e invasores, y a que hay muchos aborígenes en pequeñas parcelas. Muchos adolescentes se matan por falta de alternativas, agregó Feitosa, tras destacar que la mayoría tienen entre 13 y 17 años, una edad en la que se está construyendo la identidad.

La aldea donde los suicidios son más frecuentes es Bororó (Dourados), donde viven hacinados 13.000 nativos en 3.500 hectáreas. Se les obliga a convivir amontonados, los hombres salen a trabajar a los cañaverales muchas veces en condiciones de esclavitud, las mujeres se quedan con sus hijos, y en esa situación aumentan el alcoholismo y violencia, describió Feitosa.

Un proceso de autodestrucción que requiere del Gobierno, según el CIMI, una urgente acción política, que comience a demarcar parcelas, a reforestar las áreas degradadas y a restructurar el esquema habitacional. En este Estado la demarcación de tierras no fue resuelta, un hecho que el CIMI atribuye a una presión muy fuerte de las empresas que producen soja y caña de azúcar, en su mayor parte para biocombustibles.