En un hecho sin precedentes, ayer comenzó en la Audiencia Provincial de Bizkaia el juicio contra el portavoz del movimiento pro-amnistía, Julen Larrinaga, y el abogado de Torturaren Aurkako Taldea (TAT), Aiert Larrarte. Los dos se encuentran procesados por «injurias» contra las FSE al dar a conocer en una rueda de prensa la denuncia de torturas realizada por Ibon Meñika tras ser detenido y permanecer incomunicado durante cuatro días en manos de la Guardia Civil, en abril de 2006. La Fiscalía reclama para cada uno de ellos una multa que asciende a más de 5.000 euros.

Antes de entrar en la sala, los imputados denunciaron ante los medios de comunicación que «en lugar de actuar de oficio contra los que practican la tortura, se actúa contra los que la denuncian».

Larrinaga resaltó que se pueden contar «con los dedos de una mano» las denuncias de torturas que no han sido archivadas por los tribunales españoles «con autos judiciales humillantes de apenas dos líneas». Sin embargo, subrayó que «la realidad es que el nombre de España aparece una y otra vez citado en todos los documentos internacionales» elaborados sobre la práctica de la tortura, junto a los de Turquía o Israel.

En este sentido, trajo a colación la reciente llegada a Ajuria Enea de Patxi López y sus declaraciones anunciando que se iban a acabar los «espacios de impunidad» en Euskal Herria. En su opinión, «los mayores espacios de impunidad se encuentran a día de hoy en las prisiones, comisarías y cuarteles de la Guardia Civil, porque es en esos lugares donde violar derechos humanos básicos sale gratis. Queremos preguntar a Patxi López qué va a hacer para acabar con la tortura y la impunidad en prisiones y comisarías».

Acuerdo rechazado

La Fiscalía planteó un acuerdo a las partes antes de iniciar la vista que fue rechazado por los imputados. El primero en declarar fue Larrinaga, que se negó a contestar a las preguntas del Ministerio Público. Reconoció haber participado en la rueda de prensa y explicó los motivos por los que realizaron esa comparecencia junto con varios colectivos.

Recordó que la detención primero de Meñika y, posteriormente, de Sandra Barrenetxea, se produjo en pleno proceso de negociaciones tras el alto el fuego decretado por ETA y la resolución tramitada por el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, ante el Congreso de los diputados para abrir una vía de diálogo con la organización armada.

Larrinaga negó haber pretendido ofender a las FSE y señaló que su intención era la de dar a conocer la denuncia de torturas de Meñika y exigir «condiciones democráticas» para llevar adelante el proceso de negociación.

Asimismo, declaró que en la rueda de prensa criticó que el Estado español se había «deslizado hacia un Estado policial dejando a un lado el Estado de Derecho» al apostar por la seguridad instaurando en Euskal Herria el ratio policial más alto en Europa, entre otras cosas. La juez interrumpió su alocución durante un instante diciendo que allí no se estaba juzgando al Estado español.

Larrarte explicó después que es abogado de profesión y que en esas fechas trabajaba para Torturaren Aurkako Taldea, «una ONG que da asistencia a los torturados y realiza informes jurídicos sobre ello», según detalló a la juez. El letrado guipuzcoano declaró que con la comparecencia por la que ha sido imputado trataron de alertar a las instituciones para que hicieron algo ante el temor de que Sandra Barrenetxea pudiera recibir el mismo trato al encontrarse incomunicada en manos de los mismos guardias civiles que maltrataron a Meñika.

Recalcó que dio credibilidad al testimonio recibido ya que los golpes y amenazas relatados eran un «clásico» utilizado en este tipo de detenciones. A su vez, dijo que tramitó la denuncia por torturas del vecino de Zamudio y denunció que fue archivada porque las diligencias no estaban encaminadas a «descubrir la verdad». Según señaló, el juez ni siquiera realizó una pregunta a Meñika y la denuncia de Barrenetxea fue archivada sin tomarle declaración.

Golpes y amenazas constantes

Meñika, que se encuentra encarcelado por el «caso Jarrai-Haika-Segi», fue el siguiente en comparecer como testigo propuesto por la Fiscalía. Tras solventar los problemas de traducción en euskara, el joven vizcaino respondió a las preguntas de la fiscal, que se centró en que no denunció ante los forenses que le asistieron haber sufrido malos tratos. Explicó que no lo hizo por miedo, ya que los guardias civiles le amenazaron con que las torturas iban a aumentar en intensidad si contaba algo.

Meñika detalló que recibió golpes en la cabeza, testículos y costillas y amenazas constantes si no respondía como querían los agentes que le custodiaban. Asimismo, señaló que perdió la noción del tiempo durante la incomunicación y declaró que denunció los hechos ante el juez de la Audiencia Nacional porque sabía que ya no iba a volver a dependencias policiales.