Los más optimistas aseguran que éste no es un indicador fiable, y esperan que muchos ciudadanos residentes en otros estados viajen al propio para depositar su voto. Pero esta previsión no se sustenta en ninguna estadística creíble. Quizás podría aplicarse, y sólo hasta cierto punto, para los funcionarios comunitarios residentes en Bruselas, pero incluso este colectivo prefiere acogerse a la comodidad de votar donde reside.

Los datos recogidos en la página web EurActiv.com son elocuentes. En Polonia, por ejemplo, únicamente el 3% de los 10.000 ciudadanos europeos no polacos con residencia permanente en este país (y en edad de votar) se han registrado para votar en las europeas (313 en total). La situación es similar en la mayoría de estados miembros, y únicamente tres de ellos suben algo la media: Suecia, Bélgica y Chipre. Pero ni tan siquiera en Bélgica -socio comunitario por excelencia al albergar buena parte de las instituciones comunitarias y un número elevadísimo de cargos y funcionarios de la Comunidad- el porcentaje es significativo, puesto que sólo el 11,18% de los ciudadanos europeos no belgas que residen en el país se han registrado para poder votar (66.203 de un total de 592.390), según los datos oficiales facilitados por la oficina electoral de este país.

En el caso de Suecia, 37.000 de los 219.000 «extranjeros comunitarios» han pasado por las oficinas de registro.

Ya en 2004 la participación de los europeos residentes en otro estado miembro de la UE fue escasa. Pero ahora este colectivo es mucho mayor en todos los estados, a pesar de lo cual la cifra sigue siendo mínima y, porcentualmente, menor.

Más poder, menos legitimidad

Curiosamente, cuanto más poder acapara la Cámara Europea menor es su legitimidad. Desde las primeras elecciones directas en junio de 1979, que contaron con una participación del 63%, esa cifra ha ido bajando en todas y cada una de las siguientes convocatorias. En las últimas, celebradas en 2004, la participación se cifró en un 45,6% (la abstención, por lo tanto, llegó al 54,4% -tres décimas más en el conjunto de Euskal Herria-). Como ya hemos apuntado, el eurobarómetro de abril prevé una abstención del 66%, con lo que, de cumplirse el vaticinio de la encuesta, la participación se quedaría en un exiguo 34%, una cifra que asusta en los pasillos y oficinas de Bruselas y Estrasburgo, por mucho que los mandatarios comunitarios insistan en que eso no supone una merma fundamental de la legitimidad de la cámara europea.

El ejemplo de la escasa participación en las elecciones estadounidenses es recurrente para justificar lo que está sucediendo en la Unión Europea, pero es un pobre consuelo y peor argumento para quienes defienden el actual modelo de integración europeo. Además, la notable participación provocada por el «efecto Obama» ha echado por tierra la comparación, con lo que la UE se queda sin referencias ni excusas.

Al tiempo que la participación disminuía en las sucesivas elecciones celebradas desde 1979, aumentaban los poderes reales del Parlamento Europeo. Las sucesivas reformas de los tratados han tenido casi siempre como uno de sus elementos centrales la revisión de los poderes de la Cámara, tanto para reforzar su papel de codecisión junto con el Consejo (los estados) como su papel de «controlador» de la Comisión Europea, ciertamente exiguo hasta las últimas reformas.

De los 142 escaños con los que contaba el primer parlamento se han pasado a los actuales 785. Y de las cuatro lenguas con las que trabajaba la primera cámara, a las 23 lenguas oficiales que han convertido el hemiciclo en una especie de Torre de Babel donde ya ni los intérpretes más veteranos son capaces de identificar todas las lenguas oficiales que escuchan por los pasillos.

La mastodóntica dimensión del actual Parlamento Europeo -exagerado para algunos, adecuado para otros- tiene su correspondencia en los poderes y competencias que ha adquirido, aunque siguen siendo insuficientes para contrarrestar el que ostentan los estados, que siguen siendo los principales actores del proceso de construcción europeo. En cualquier caso, la transformación ha sido notable: de aquel órgano consultivo inicial la Cámara ha pasado a ser lo que el director de estudios del think-tank European Policy Centre, Antonio Missiroli, define como «actor real en las negociaciones interinstitucionales».

Los diputados europeos tienen hoy el poder de aprobar el presupuesto de la Unión y pueden codecidir en más de 40 áreas, especialmente en el ámbito del mercado interior. El poder del Parlamento es también real cuando se trata de pedir cuentas a la Comisión Europea y definir su composición. Este poder llegó a su cénit en 1999, con la anunciada moción de censura contra la Comisión Santer por actos de fraude y malas prácticas en la gestión, aunque el equipo de comisarios presentó su renuncia colectiva antes de que se tratara la moción.

Es cierto que en 2004 los diputados europeos enseñaron músculo e impusieron cambios en la composición de la Comisión Europea, pero no es habitual que esto ocurra.

La trascendencia de todo esto sería mucho mayor si los diputados actuaran como actores realmente comunitarios, pero lo cierto es que los intereses estatales son tan grandes que condicionan en gran medida la importancia real del Parlamento Europeo y, en muchas ocasiones, lo supeditan a los intereses de los grandes estados.

Por otra parte, muchos consideran que no todos los parlamentarios europeos tienen la misma legitimidad, opinión ésta derivada de los diferentes sistemas electorales. La dificultad de crear un espacio público europeo es tan patente como el desinterés de los estados y de sus grandes partidos por hacerlo, muchos de los cuales aprovechan el actual sistema para ahogar reivindicaciones o impedir situaciones de otro tipo, como ocurre, por poner un ejemplo, en el Estado español en relación a Euskal Herria.

La UE sigue muy lejos de los ciudadanos, y nada indica que eso le importe demasiado -excepto cuando de pedir el voto se trata, claro, cada cinco años en el caso del Parlamento y menos en el caso de los poquísimos que convocan ya consultas de ratificación de tratados-.

Entrevista a Lamassoure

Hace dos semanas GARA entrevistaba al diputado europeo labortano Alain Lamassoure, veterano en la Cámara y bien conocido por sus posiciones europeístas, muy en sintonía con las de Nicolas Sarkozy. Le preguntábamos si la alta abstención anunciada no pondría en juego la propia legitimidad del Parlamento Europeo. Lamassoure, en su respuesta, reconocía implícitamente el déficit democrático actual y salía del paso asegurando que el riesgo de perder legitimidad desaparecería cuando los ciudadanos pudieran elegir al «señor o señora Europa», según sus palabras. Pero Lamassoure hacía trampa, porque sabe perfectamente que la creación de una especie de ministro de Exteriores (contemplada en Lisboa pero sin atribuciones claras, al estilo de lo que ocurre con Solana) o la remodelación de las presidencias rotatorias no solucionará el problema de legitimidad y visibilidad.

Además, el nuevo Parlamento se enfrenta a un hecho relativamente novedoso, el aumento imparable de diputados europeos críticos o directamente contrarios al modelo de integración europeo. En este sentido, la creación del partido pancomunitario Libertas, que se opone al Tratado de Lisboa, será otro de los elementos a tener en cuenta a la hora de analizar los resultados de las elecciones.