El próximo 28 de mayo dará comienzo en la Audiencia Nacional española, por cuarta vez, el juicio contra los catorce imputados en el sumario 15/02. La petición fiscal se eleva a 6 años de prisión bajo la acusación de «colaboración con banda armada».

Las detenciones, que se produjeron durante agosto de 2001 y julio de 2002, se basaron en autoinculpaciones, inculpaciones a terceras personas y testimonios arrancados bajo torturas. Como botón de muestra de ello, basta con recordar las imágenes de Juan Carlos Subijana y Unai Romano, que se pueden apreciar en la foto superior.

Daniel Gutierrez, Jose Ramón Acedo, Jon Etxeberria, Sendoa Domínguez, Iban Saez de Jauregi, Raul Vallinas, Aitor Duran, Unai Romano, Jokin Zerain, Juan Antonio Cortes, Susana Atxaerandio, Zigor Bravo, Juan Carlos Subijana y Enrique Urarte son las personas citadas a comparecer, por cuarta vez. Por causas ajenas y sin justificación alguna, el juicio ya ha sido suspendido anteriormente tres veces.

Alrededor de 70 personas respaldaron ayer la rueda de prensa que quiso denunciar estos hechos y hacer un llamamiento a la sociedad para participar en las diferentes iniciativas y movilizaciones que tendrán lugar en los próximos días.

A la comparecencia acudió una extensa representación política -Antxon Belakortu e Iñaki Gil (EA); Iñaki Aldekoa y Mikel Basabe (Aralar); Aitor Bezares (Ezker Abertzalea)-, sindical y de movimientos sociales.

Esta operación policial, en la que se vieron implicadas decenas de vecinas y vecinos de Araba, comenzó en agosto de 2001 y se prolongó hasta julio de 2002. Las detenciones partieron de las «declaraciones e imputaciones que otros detenidos realizaron en el período de incomunicación en el que sufrieron torturas», recordó Unai Romano, uno de los imputados.

El resultado de esta redada fue la detención e incomunicación de cerca de una veintena de personas, siendo puestas en libertad a los pocos días algunas de ellas y, otras, tras seis meses o dos años de prisión preventiva. A su vez, otras nueve personas se vieron obligadas a comparecer en el tribunal especial.

A fecha de hoy, son 14 las personas que se ven implicadas en el sumario 15/02, de las que 13 denunciaron torturas ante el juez instructor, así como en distintos tribunales. De todas estas denuncias únicamente una se encuentra actualmente en los tribunales europeos; el resto de denuncias fueron archivadas.

Al respecto de la denuncia de torturas de Unai Romano, hace seis meses que se encuentra en Estrasburgo. Pero todavía no han recibido notificación alguna sobre si será aceptada o no.

Cuarta citación

En diciembre de 2006, por primera vez, los imputados en este sumario comparecieron en el tribunal especial, y por causas ajenas se suspendió en la primera sesión. Los alaveses regresaron a casa en espera de una nueva citación. Sin embargo, no fueron citados hasta dos años después. En esa segunda citación, otra vez sin justificación alguna, se suspendió el juicio.

La tercera comparecencia, en enero de 2009, también fue suspendida. A finales de este mes, cuando este proceso está a punto de cumplir ocho años, el día 28, los imputados «esperan» comparecer en la Audiencia Nacional. «No podemos olvidar los costes económicos como sicológicos que supone acudir hasta Madrid», subrayó Susana Atxaerandio, también imputada.

Antes de esas primeras comparecencias, se realizaron varias iniciativas para denunciar tanto las torturas sufridas como el lo que supone el mismo sumario.

Moción en el Parlamento

El resultado de una de esas iniciativas fue la aprobación de una moción en el Parlamento de Gasteiz el 1 de diciembre de 2006.

Andoni Txasko, miembro de la Asociación de Víctimas del 3 de Marzo, en representación de todos los colectivos sociales, partidos políticos y sindicatos firmantes del manifiesto, recordó los puntos de esa moción.

En primer lugar, instaron al Gobierno español a la derogación de la Ley Antiterrorista y de la incomunicación a los vascos detenidos.

Otro de los puntos acordados en la Cámara de Gasteiz fue exigir la desaparición de la Audiencia Nacional española como tribunal especial, «que no hace efectivas las garantías procesales», especialmente cuando se admiten declaraciones obtenidas bajo tortura y se aplica «la justicia del enemigo».

La moción también recogía la petición a la Audiencia Nacional de la suspensión y el archivo de todos los procedimientos judiciales donde se haya aplicado la tortura e incomunicación de los detenidos.

Asimismo, instaron al Gobierno español al reconocimiento de la existencia de torturas y de su aplicación, «en algunos casos de forma sistemática».

Siguiendo con la comparecencia, Susana Atxaerandio tomó la palabra para agradecer a todas las personas que se han adherido al manifiesto y «a quienes nos están apoyando en las diferentes iniciativas programadas». «Con sus adhesiones hemos conseguido que la mayoría social, sindical y política vasca haya hecho suyas nuestras revindicaciones» añadió.

Asimismo, Atxaerandio no quiso olvidar a los amigos y familiares que les han acompañado en todo el proceso, que ya va a cumplir ochos años. Además, recordó la necesidad de decir «Stop a la tortura, ahora más que nunca».

Por último, hicieron un llamamiento a toda la sociedad alavesa, y vasca en general, a las diferente convocatorias que van a tener lugar antes, durante y tras la celebración del juicio oral.

El miércoles 20 de mayo está previsto una conferencia en el Centro Cívico Aldabe a las 19:30 horas bajo el nombre «¿Existe la tortura?».

Los ponentes de la conferencia serán Jorge del Cura, portavoz de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura; Martxelo Otamendi, director del periódico Berria; Lorea Bilbao, abogada de Torturaren Aurkako Taldea; y Unai Romano, imputado en el sumario 15/02, y la persona cuya foto ha dado la vuelta al mundo como una de las muestras más evidentes de la aplicación de la tortura.

El sábado, 23 de mayo, desde la Plaza Bilbo, a las 19:30 horas, partirá una manifestación que recorrerá las calles de la capital alavesa. Cinco días más tarde, el jueves 28 de mayo, una delegación de los agentes adheridos a los puntos del manifiesto acudirá a Madrid, concretamente al inicio del juicio oral en la Audiencia Nacional española.