Los vascos y el resto de ciudadanos del Estado español podrán votar legalmente a Iniciativa Internacionalista-Solidaridad entre los Pueblos (II-SP) pese al afán puesto por el Gobierno del PSOE, hasta la última fase del procedimiento, en que fuera vetada. La Fiscalía y la Abogacía del Estado insistieron en que debía ser proscrita hasta última hora, cuando ya en círculos políticos y mediáticos se admitía con nitidez que no había elementos objetivos para ello.

La decisión final se hizo pública cuando sólo quedaban tres cuartos de hora para que expirara el plazo legal y arrancara la campaña para las europeas, lo que apunta a que fue meditada hasta muy última hora.

En la sentencia, el Constitucional indica que ya advirtió en anteriores casos similares de que «tratándose de la acreditación de una trama defraudatoria, es evidente que la convicción judicial de su existencia deberá confirmarse a partir de la concurrencia de elementos probatorios del más diverso cariz». Tras analizar los documentos aportados, valora que «puede deducirse razonablemente que ETA y el partido político ilegalizado conceden cierta relevancia a estas elecciones», pero que «no puede alcanzarse la conclusión de que ello haya de ser mediante la instrumentalización de esta coalición».

«Una vez más, hemos de insistir en que la `izquierda abertzale' como expresión ideológica `no ha sido proscrita de nues- tro ordenamiento ni podría llegar a serlo'», añade el Constitucional parafraseando anteriores pronunciamientos.

La sentencia descalifica presuntas «pruebas», como las relaciones de candidatos con la izquierda abertzale o la ideología de los avalistas. «De las consideraciones vertidas sobre Alfonso Sastre, Doris Benegas y Ángeles Maestro sólo se desprende una orientación ideológica que no puede redundar en perjuicio de sus derechos de participación política», apunta.

Revés para Rubalcaba

El fallo supone un serio contratiempo y deja tocado al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que había puesto mucho interés en defender públicamente esta ilegalización, mientras compañeros de Gabinete como el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, o el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, preferían guardar un prudente silencio.

Rubalcaba echó las campanas al vuelo el pasado sábado. Tras conocer la decisión del Tribunal Supremo aceptando su tesis de que se cerrara el paso a II-SP, argumentó que había «pruebas suficientes» para ello y reiteró que la lista liderada por Sastre «lo que pretende es sencillamente permitir la presentación de Batasuna a las elecciones».

«Batasuna y sus acólitos y marcas satélites tienen que reconocer que en democracia o se está con los votos o se está con las bombas, pero no con ambas», remarcó Rubalcaba, que tiene el apoyo entusiasta del PP.

El ministro de Interior parecía contar con la seguridad de que el TC validaría la decisión del TS, pero obvió que en este órgano ya se produjo un amplio debate y que cinco de los magistrados -incluido el ponente de estos casos- se desmarcó del criterio mayoritario. A la luz de las alegaciones presentadas por II-SP, crecieron las voces que afirmaban que no había motivo alguno para impedir que ejerciera su derecho a concurrir. Varios medios recordaron que Europa lleva tiempo vigilando este tipo de aplicaciones «extensivas» de la Ley de Partidos.

Pese a ello, la Fiscalía General del Estado y la Abogacía habían insistido en defender la ilegalización de esta candidatura hasta el último momento. En las alegaciones presentadas el miércoles, veían insuficientes las explicaciones de II-SP.

Así, la Fiscalía abundó en la afirmación de que la estrategia de II-SP constituía un mero «ardid de ETA» para tratar de llegar a Estrasburgo. Pese a que en la candidatura ni siquiera hay candidatos vascos salvo Alfonso Sastre, que está afincado en Hondarribia hace muchos años, el fiscal presentaba la candidatura como «sólo un ropaje formal, una mera instrumentalización de un objetivo: el de hacer que el entorno político de ETA siga manteniendo su presencia en las instituciones democráticas, en este caso en el Parlamento Europeo».

Sobre los candidatos, además de la vinculación que se hace entre Sastre y la número dos, Doris Benegas, la Fiscalía añadió datos como que la candidata Ángeles Maestro colgara un artículo en la web kaosenlared.net que indica que Iniciativa Internacionalista «defiende planteamientos plenamente coheren- tes con los posicionamientos ideológicos de la izquierda abertzale». Se da la circunstancia de que el Gobierno español ha argumentado en muchísimas ocasiones que la Ley de Partidos no persigue ideas, sino comportamientos delictivos.

«Lenguaje violento»

Resultaba llamativa también la afirmación de la Abogacía del Estado de que la condena del atentado contra el ex edil del PSE Isaías Carrasco hecha por el portavoz de II-SP Luis Ocampo «no es suficiente» dado que al mismo tiempo éste insistió en que «la represión no es la vía de solución en el País Vasco».

Sobre el manifiesto de la coalición, la Abogacía llegaba a decir que «está redactado en un lenguaje violento» al hablar de «los diversos pueblos oprimidos por el Estado español» y expresar su apoyo a «las luchas» de todos ellos. «Frente a un Estado que oprime naciones varias y es cárcel de pueblos y gentes, ¿qué puede significar apoyo de la `lucha' de cualquier pueblo `por su libertad y dignidad'?», preguntaba el Gobierno en su alegato.