Esta semana el presidente de la C�mara de los Comunes del Parlamento brit�nico, Michael Martin, dimiti� como consecuencia de un esc�ndalo en el que est�n envueltos varios parlamentarios. En realidad los parlamentarios no han cometido delitos flagrantes, pero se ha sabido que varios de ellos realizaron cobros irregulares o que han obtenido beneficios inmorales en concepto de gastos. La crisis pol�tica generada es muy grave. Es posible que la de Martin no sea la �ltima dimisi�n.

Hace poco GARA revel� un caso parecido en el que, tambi�n a trav�s de copias de facturas, se mostraban gastos irregulares por parte del ex diputado general de Gipuzkoa, Joxe Joan Gonz�lez de Txabarri, alguno de ellos a�n m�s escandalosos que los de los parlamentarios brit�nicos. Por ejemplo, el gasto en comidas durante los �ltimos seis meses de su mandato, despu�s de conocer que no renovar�a como candidato, fue de 100.597 euros. Sin embargo, en este caso no s�lo no hubo dimisi�n alguna, sino que nadie ni desde la instituci�n que autoriz� esos pagos con dinero p�blico, ni de entre los grupos pol�ticos, ni siquiera entre los medios de comunicaci�n pidi� la dimisi�n. Lo mismo est� ocurriendo ahora con el Gobierno valenciano o con la financiaci�n del PP en Madrid.

Es evidente que en la cultura pol�tica espa�ola -y en esto algunos completaron las transferencias hace ya muchos a�os- dimitir no entra dentro del vocabulario de los pol�ticos profesionales. De ah� la pregunta, �qu� debe ocurrir aqu� para que un pol�tico dimita, o al menos para que se le exija dimitir?

�Separaci�n de poderes o reparto de papeles?

La cultura pol�tica espa�ola no es homologable a la de pa�ses con una tradici�n democr�tica m�s profunda en ning�n sentido. Sin ir m�s lejos, es plausible que en el Estado espa�ol en vez de la can�nica separaci�n de poderes propia de las democracias occidentales lo que realmente exista sea un reparto de papeles caracter�stico de las comisar�as en los pa�ses autoritarios. Es decir, unos son �los buenos� mientras a otros les toca ejercer de �malos�. Es m�s, a la espera de que el Tribunal Constitucional, tras la epifan�a garantista de esta semana, haga p�blicas otras seis o siete sentencias revocando sus decisiones anteriores en relaci�n a la ilegalizaci�n de partidos; a la espera de que los jueces de la Sala del 61 del Tribunal Supremo dimitan o presenten una querella contra sus colegas del Alto Tribunal para salvaguardar su vejado honor; o, simplemente, a la espera de que se cese a los responsables de las investigaci�n sobre Iniciativa Internacionalista-La Solidaridad de los Pueblos y a los responsables de la Abogac�a del Estado que presentaron la demanda, nada indica que los �buenos� sean tan buenos ni que los �malos� sean realmente peores que los primeros.

Ahora bien, eso no implica que, quiz�, los que act�an como si fuesen �malos� en realidad respondan a ese perfil. As� lo parece, al menos, el ministro de Interior espa�ol, Alfredo P�rez Rubalcaba, que esta semana ha dado razones m�s que suficientes para que, a�n en un sistema pol�tico tan servil y pesebrero como el espa�ol, se pida su dimisi�n o cese.

Razones por las que Rubalcaba deber�a dimitir

La primera raz�n es el proceder del ministro de Interior en torno a la ilegalizaci�n de II-SP, cercano a la prevaricaci�n en lo que a la �investigaci�n� policial se refiere y rayano con el matonismo por su tono irrespetuoso y amenazante con los militantes internacionalistas.

Pero no es �sta la principal raz�n por la que se deber�a pedir la dimisi�n de Rubalcaba. Esta misma semana, tras conocer la nota en la que ETA ofrec�a nuevos datos sobre la desaparici�n de Jon Anza y acusaba al Estado espa�ol de estar detr�s de esa desaparici�n, el ministro del Interior espa�ol se limit� a decir que se trataba de una �patra�a�. Desde todo punto de vista -desde el m�s neutral en el que se considere a Anza un ciudadano desaparecido en extra�as circunstancias hasta aquel en el que, con preocupaci�n o indisimulada alegr�a, se plantee que un militante de ETA ha desaparecido en suelo franc�s- semejante frivolidad no es propia de su cargo. Por otro lado, atendiendo a anteriores situaciones similares -desde la desaparici�n de Popo Larre hasta la actuaci�n de grupos paramilitares espa�oles en Ipar Euskal Herria, que el propio ministro conoce de primera mano dado que los GAL actuaron bajo el mando de sus compa�eros hasta la vez anterior en la que �l ostent� ese cargo-, cualquiera le aconsejar�a que, en su posici�n, entre la crueldad y la prudencia elija la segunda. Es m�s, teniendo en cuenta los datos que ofrec�a la organizaci�n armada -la confirmaci�n de la militancia de Anza, la pista de que las FSE conoc�an esa condici�n, los datos sobre el viaje y la cita...- no responder a ninguna de las preguntas que surgen, no indicar que una investigaci�n ya est� en marcha o que se abrir� s�lo lleva a acrecentar la preocupaci�n por el paradero de Anza. Una escandalosa postura que en cualquier otro lugar implicar�a una reprobaci�n y un probable cese.

As� las cosas, la mejor respuesta al dilema expuesto por Rubalcaba sobre �votos o bombas� la ofreci� Luis Ocampo, al situar el verdadero dilema del sistema pol�tico estatal entre �democracia o Rubalcaba�.