El propio presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, salió ayer a la palestra para tratar de frenar el cierre de la central de Garoña. Sánchez Galán amenazaba con que el cierre de la planta nuclear más vieja de todo el Estado repercutirá en una subida del 10% de la factura de la luz a los hogares. Iberdrola comparte al 50% la explotación de la planta nuclear burgalesa, ubicada a tan sólo 7 kilómetros de distancia de Euskal Herria.

El máximo responsable de la eléctrica respondía así a las numerosas exigencias de cierre, a las que el lunes se sumó, de manera más suave, la Fundación Ideas, principal asesora del Gobierno del PSOE. La institución, que dirige el ex ministro Jesús Caldera, recomendaba echar el candado para siempre a Garoña «por su antigüedad, sus potenciales problemas de seguridad y por ser perfectamente sustituible por fuentes renovables».

El permiso de explotación de la central nuclear expirará en poco más de un mes y su renovación dependerá, en cierto modo, del informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que está previsto para el 5 de junio. Los inspectores del CSN visitaron ayer mismo las instalaciones de la planta burgalesa. Un informe negativo o favorable en ningún caso será vinculante y finalmente será el Ejecutivo español el que decida el cierre o no de la central. En cualquier caso, será el Consejo de Ministros español el que decida al respecto del futuro de Garoña.

Periódicos como «El Mundo» y «El Economista» defendían ayer en sus páginas el buen estado de la central de Garoña y priorizaban, por encima de todo, la necesidad que tiene el Estado de generar energía barata. Desoyendo los informes del propio CSN, que descubrió 170 grietas en la tapa del reactor principal, o del grupo de de expertos independientes de Hannover Ökologie, los redactores de «El Economista» recogían el testimonio de los responsables de General Electric Energy, los mismos que que fabricaron la central que lleva casi 40 años en activo, y que declaran que «está en perfecto estado de revista».

Por su parte, «El Mundo» ni siquiera cita informes sino que insiste desde las páginas de opinión en que es necesario obtener energía a bajo coste. Su información se centra en que el cierre de Garoña puede suponer un incremento del 10% en la factura eléctrica de los hogares.

Por otra parte, el director general de Nuclenor (empresa que explota Garoña, participada a partes iguales por Endesa e Iberdrola), Martín Regaño, señaló que no ve otra posibilidad que la renovación del permiso de la central, porque posee un reactor, según Regaño, en condiciones similares a los de otras centrales de Estados Unidos, Japón o Suiza que han recibido las autorizaciones para ampliar su vida útil hasta 60 años.

Esperanzas de cierre definitivo

Desde las filas del PSOE cada vez se lanzan mensajes más esperanzadores en torno al cierre de Garoña. La nueva portavoz de Lakua, Idoia Mendia, recordaba ayer que su partido, el PSE-EE, «tradicionalmente ha defendido el cierre» de la planta. Además, recordó que Zapatero prometió «un cierre gradual de las centrales nucleares». Y Garoña es la mas vieja que sigue en activo, después del cierre de Zorita y Vandellós, ésta última, más moderna que la de Burgos.

Asimismo, el secretario general del PSE-EE en Araba, Txarli Prieto, declaró ayer a «ETB» que si el Gobierno le diera la llave cerraría «ahora mismo» la planta nuclear de Garoña.

Ante estas esperanzadoras declaraciones, el secretario general del PSOE de Burgos trataba ya de tranquilizar a los aproximadamente 700 empleados de la central. «El Gobierno jamás cerrará Garoña sin una alternativa para los trabajadores», subrayó, al respecto, el burgalés José María Jiménez.

Mientras, la plataforma de organizaciones antinucleares, formada entre otras por Ekologistak Martxan y Greenpeace, reclamaba en Bilbo al Gobierno central que deniegue la prórroga de funcionamiento de la central. La protesta se realizó ante la Subdelegación del Gobierno y ante la sede de Iberdrola.

Según los datos de Ekologistak Martxan, Garoña está amortizada desde hace años y en este momento «sólo da beneficios». La asociación sostiene, además, que la sociedad puede «prescindir perfectamente» de esta fuente de electricidad, ya que sólo supone el 0,6% de la potencia eléctrica instalada y en torno al 1,5% de la electricidad consumida en el Estado español. Durante el acto, ecologistas vestidos con buzos y mascarillas desplegaron varias pancartas en las que se podía leer «PSOE mentiroso. Cumple tu promesa. Cierre de Garoña» y «No al lavado verde de Iberdrola».