La sentencia del sumario 18/98 hecha pública ayer por el Tribunal Supremo español ratifica la absolución de nueve de los procesados y rebaja al resto las penas impuestas por la Audiencia Nacional. Sin embargo, la apariencia de una mayor ponderación no puede esconder que la sentencia mantiene la injusticia original de un proceso destinado a castigar una militancia política determinada.

Un proceso que se ha prolongado durante años, con un juicio en el que los procesados afrontaron circunstancias verdaderamente duras durante 16 meses y no carente de episodios dramáticos. En el que varios procesados han padecido un largo periodo en prisión y han resultado absueltos. Un proceso que ha conllevado el cierre de un medio de comunicación, «Egin», vinculado a organización armada precisamente con el propósito de cerrarlo y 11 años después de su cierre se deja sin efecto la «ilicitud» de la empresa editora. Esa enorme injusticia, ese desprecio a los derechos fundamentales, se ha prolongado hasta el último momento, muestra de ello fue la detención, antes de conocerse la sentencia, de los acusados que se encontraban en libertad provisional. Se argumentó el riesgo de fuga hasta en personas enfermas, y algunos de ellos fueron arrestados aun cuando según la sentencia no deberían haber permanecido un solo día en prisión. El daño causado a todos ellos y a otros muchos ciudadanos es sencillamente irreparable.

La sentencia del Alto Tribunal español trata de dotar de un aire de normalidad al macroproceso 18/98 con un resultado que elimina aspectos que a buen seguro incluso el propio Tribunal ha considerado disparatados. A pesar de ese intento de hacer más digerible jurídicamente una sentencia que quienes la emitieron no se molestaron ni en disimular su impulso político, el proceso fue injusto en su comienzo, lo fue en su desarrollo y lo sigue siendo tras la sentencia del Tribunal Supremo, la cual, al igual que la anterior de la Audiencia Nacional, condena a fuertes penas de cárcel a ciudadanos vascos por su militancia política.