El Tribunal Vasco de la Defensa de la Competencia anunció ayer la imposición de una multa de 25.000 euros al sindicato de transportistas Hiru y cierra de ese modo el expediente sancionador abierto el pasado año tras una rueda de prensa en la que, según el tribunal, hizo una «recomendación conjunta» para elevar los precios del transporte, a pesar de que el sindicato aseguró que el objetivo de la rueda de prensa no era ése, sino «reivindicar unas condiciones de trabajo dignas». El tribunal apostó fuerte, pues pretendía imponer una sanción que suponía la desaparición del sindicato. También Hiru apostó fuerte y consiguió el apoyo de todos los sindicatos, se movilizó y algunos de sus dirigentes llegaron a recurrir a la huelga de hambre. Al final logró acordar con el tribunal la sanción. No obstante, no cabe calificar como justa la multa, toda vez que la misma y el propio proceso contra Hiru son un claro ataque a la libertad sindical y a la lucha contra la precariedad laboral, tal y como manifestó la totalidad de los sindicatos cuando se solidarizaron con Hiru y pidieron el archivo del expediente sancionador. Es positivo el hecho de que la multa impuesta a Hiru no conlleve la desaparición de un sindicato que trabaja por los derechos de los transportistas autónomos; sin embargo, vuelve a quedar claro en qué lado se encuentra la Administración.