La crisis humanitaria del pueblo tamil evidenció de nuevo ayer la división en el seno del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde tras dos días de debate sobre las violaciones cometidas durante la ofensiva del Ejército cingalés contra la guerrilla tamil se aprobó una resolución especialmente clemente para Colombo pese al rechazo de los países occidentales.

La resolución salió adelante con los votos, entre otros, de China, India, Pakistán, Arabia Saudí, Cuba y la propia Sri Lanka, aunque no sea miembro del Consejo, ya que sus 47 integrantes no lograron llegar a un consenso. Al texto se opusieron la Unión Europea, Suiza, Canadá y los países latinoamericanos, que estimaron que omite asuntos fundamentales como que las organizaciones humanitarias tengan acceso rápido y total a los desplazados en los últimos cuatro meses de ofensiva y que se investiguen de manera independiente las violaciones de derechos humanos y las denuncias de crímenes de guerra.

El texto hace hincapié en «el respeto a la soberanía» de Sri Lanka y en «el principio de no injerencia» en los asuntos interiores, establecido por la Carta de las Naciones Unidas. Insta a las autoridades de Colombo a que adopten medidas hacia el desplazados y anima Sri Lanka realizar «esfuerzos» y adoptar «compromisos» en el ámbito de los derechos humanos.

México lamentó «la falta de voluntad para alcanzar un acuerdo» y advirtió de que «el Consejo de Derechos Humanos no podrá cumplir su mandato mientras predominen las posiciones extremas». «Esta resolución no contiene elementos indispensables, como el reconoci- miento de que la protección de los derechos humanos no es una prerrogativa exclusiva del Estado (concernido), sino una responsabilidad de todos», dijo.

En la ofensiva han muerto miles de civiles y ha provocado el desplazamiento de 300.000 personas, la mayoría de las cuales se encuentran en campamentos controlados por el Gobierno, donde, según ONG y expertos de la ONU, las condiciones de vida son insoportables. ONU y Cruz Roja, que tiene acceso restringido, tratan de obtener la autorización del Gobierno para realizar su labor sin trabas.