El Tribunal Supremo español ha admitido a trámite la querella por prevaricación que el autodenominado sindicato ultraderechista Manos Limpias presentó contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por considerar que éste se declaró competente para investigar las desapariciones del franquismo sabiendo que no lo era.

El auto, firmado por el presidente de la Sala de lo Penal del TS, Juan Saavedra, y los magistrados Adolfo Prego, Joaquín Jiménez, Francisco Monterde y Juan Ramón Berdugo, declara la competencia de este tribunal para la instrucción y enjuiciamiento, en su caso, de esta causa y designa instructor al magistrado Luciano Varela, que citará a Garzón para tomarle declaración como imputado.

La Fiscalía había pedido al Supremo que archivara la querella, al estimar que no se apreciaban evidencias de delito contra Garzón.

La querella de Manos Limpias se interpuso después de que Garzón acordara en noviembre de 2008 remitir la causa por las desapariciones del franquismo a los juzgados territoriales en los que se encuentran las fosas que mandó abrir -entre ellas la del monte Ezkaba, en Iruñerria- cuando se declaró competente para investigar este asunto.

Por otra parte, la Sala de lo Penal del Supremo ha archivado definitivamente otra querella por cohecho que un abogado presentó contra Garzón por haber recibido supuestamente durante su estancia entre 2005 y 2006 en Nueva York 1,7 millones de dólares (1,2 millones de euros) del Banco Santander.

Este asunto, no obstante, está siendo investigando por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para ver si Garzón incurrió en alguna falta disciplinaria por no haber comunicado a este órgano los ingresos que recibió en concepto de salario.

Alegría del PP

El PP calificó de «valiente y ejemplificadora» la decisión del Supremo, destacando que «demuestra que no hay impunidad para que nadie pretenda utilizar la ley de forma arbitraria».

Las relaciones entre el PP y Garzón son muy tensas desde que el juez instruyó el sumario del «caso Gürtel», que ha llevado al presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, a declarar como imputado.

En cambio, el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), Emilio Silva, calificó la decisión del Supremo de «muy negativa, ya que se produce contra un juez que ha cumplido con su obligación».