La Fiscalía ofreció ayer a los once alaveses imputados en el sumario 15/02, entre los que se encuentra Unai Romano, la opor- tunidad de no entrar en prisión pactando una pena de dos años de cárcel. De esta manera, se da carpetazo a un sumario que se ha dilatado más de nueve años y que ha estado marcado por las brutales denuncias de tortura interpuestas por la mayoría de los acusados. Unas denuncias que, además de ser archivadas por todas las instancias españolas, ahora han sido silenciadas en el tribunal especial, aunque la foto de las marcas de Unai Romano y Juan Karlos Subijana sí se hicieron ver ante el tribunal.

Los once alaveses acudieron ayer a la Audiencia Nacional española portando sendas camisetas en las que se podía observar el rostro desfigurado de Unai Romano y la cabeza magullada de Juan Karlos Subijana.

Se tratan de dos imágenes que evidenciaron las secuelas de lo ocurrido en los periodos de incomunicación en manos de la Guardia Civil y que alcanzaron gran difusión en Euskal Herria. En la Audiencia Nacional optaron ayer por ocultarlas. Los medios tampoco se hicieron eco de este juicio.

Siete años sin diligencias

Pese a que la celebración del juicio estaba prevista para las 10.30, la Fiscalía modificó en el último momento la petición para los acusados. La reunión con los letrados defensores se alargó y no fue hasta las 13.00, una vez logrado el consenso, cuando los imputados ratificaron el acuerdo ante la sala. El pacto estaba basado en que los imputados asumieran las acusaciones que se les achacan y que la Fiscalía redujera la petición a dos años de cárcel, un periodo que, según fija la ley, no deberán cumplir.

El Ministerio Público justificó la oferta en las dilaciones indebidas que han existido en este proceso. Jone Goirizelaia, una de las abogadas defensoras, explicó a GARA que sí han existido dichos retrasos ya que desde que se producen los arrestos, en 2001, hasta que se inicia el juicio pasan más de ocho años, y recordó que las últimas declaraciones y el cierre del sumario tuvieron lugar en 2002.

La abogada, sin embargo, no descarta que detrás de este pacto pueda haber un intento de silenciar las denuncias de tortura en la sala del tribunal especial.

Cabe recordar que la denuncia interpuesta por Unai Romano, después de haber sido archivada por todas las instancias españolas -como las denuncias del resto de los imputados- se encuentra en estos momentos en fase de tramitación en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Goirizelaia apuntó que es posible que hayan tenido en cuenta este elemento a la hora de ofrecer la posibilidad de acuerdo. En cualquier caso, ratificó que las demoras han sido «muy importantes» en este proceso y puntualizó que en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo eso puede catalogarse como «dilación indebida».

José Ramón Acedo, Zigor Bravo, Susana Atxaerandio, Unai Romano, Enrique Uriarte, Juan Antonio Cortés, Daniel Gutiérrez, Aitor Durán, Sendoa Domínguez, Jokin Zerain y Joseba Gorosarri, los once imputados que se presentaron ayer en el tribuna especial, no estuvieron solos en ningún momento. Y es que la labor desarrollada por la Asamblea de Torturados y Familiares hizo que un autobús repleto de representantes de agentes sindicales, vecinales o políticos, así como de allegados de los imputados, viajará hasta Madrid para arropar a los encausados y denunciar la práctica de la tortura.

GARA pudo hablar con uno de sus representantes a la vuelta de Madrid y detalló sentimiento cruzados: «Alegría y alivio, por una parte, y rabia y enfado, por otra, por tener que aceptar las imputaciones». También desde la Asamblea mostraron sus dudas en torno a que este pacto no sea «un mecanismo para silenciar las denuncias».